La imputación de Roger Torrent por desobediencia enfurece a ERC contra Moncloa

El funcionamiento independiente del Poder Judicial se ha vuelto a cruzar en el camino de la estrategia de apaciguamiento de Pedro Sánchez con Esquerra, y amenaza con trastocar los planes de Moncloa para la primera cita de la mesa bilateral Estado-Generalitat prevista para septiembre. Porque ERC ha enfurecido este lunes tras la imputación por desobediencia del expresidente del Parlament, Roger Torrent, y actual consejero del gobierno catalán.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado para el 15 de septiembre al actual titular de Empresa y Trabajo para declarar como investigado por presunta desobediencia. En un auto los magistrados acuerdan abrir investigación y cita para el mismo día al entonces vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa; al secretario primero, Eusebi Campdepadrós; y a la secretaria cuarta, Adriana Delgado.

En su primera reacción, Torrent -próximo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés-, ha atribuido la decisión judicial a la "maquinaria represiva" que "continúa en marcha".

La maquinària repressiva continua en marxa per limitar i perseguir la llibertat d’expressió. El Parlament és el temple de la paraula i del debat, intentar censurar-lo és un greu error que va en contra de la democràcia. https://t.co/gKAWYrtyJ7

— Roger Torrent i Ramió 🎗 (@rogertorrent) July 26, 2021

Esta causa parte de una querella de la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa de la cámara catalana por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista. Una reivindicaba la autodeterminación y otra reiteraba la reprobación al Rey.

Las defensas de Torrent, Costa, Delgado y Campdepadrós presentaron recursos contra la decisión del TSJC de admitir la querella de Fiscalía, pero el tribunal los rechazó, y la magistrada instructora ha aceptado que Vox ejerza la acusación popular en la causa, para lo que tendrá que depositar una fianza de 10.000 euros.

El 1 de marzo, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó esta querella que menciona una propuesta de resolución que el 22 de octubre de 2019 registraron Junts, ERC y la CUP contra la sentencia del 1-O y que defendía el derecho a la autodeterminación.

También se refiere a una resolución tramitada el mismo día y que "reiteraba la reprobación" al Rey después de que el TC ya había declarado inconstitucionales los apartados de otra resolución en el mismo sentido.

El fiscal considera que la tramitación de estas propuestas de resolución supuso desoír al TC, que había anulado las leyes de desconexión y había advertido a la Mesa del Parlament de su obligación de impedir que se aplicaran.

El presidente catalán, Pere Aragonés, ha salido en defensa de su consejero con el mismo lenguaje retador contra la Justicia. "Todo el apoyo a Roger Torrent. El Parlamento es una instución en la que se ha de poder hablar y debatir de todas las cuestiones. La judicialización del debate parlamentario no nos hará callar", ha escrito.

Tot el suport a @RogerTorrent, @JosepCosta, @ECampdepadros i @AdrianaDelgadoh. El Parlament és una institució en què s’hi ha de poder parlar i debatre tota mena de qüestions. La judicialització del debat parlamentari no ens farà callar. https://t.co/Gf05Bm0oa6

— Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) July 26, 2021