Los técnicos del CGPJ señalan sobrados motivos para llevar a Sánchez al TC

Ya hay veredicto. El informe del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitado por su presidente sobre el impacto de la reforma legal del Gobierno que recortó al órgano prorrogado funciones constitucionales concluye que hay motivos para presentar un conflicto de atribuciones y llevar la reforma de Pedro Sánchez ante el Constitucional.

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fue aprobada por el Senado a instancia de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos para limitar las competencias del Consejo e impedirle efectuar nuevos nombramientos de jueces y magistrados puede ser recurrida en el Tribunal de Garantías, a juicio del Gabinete Técnico del propio órgano de gobierno de los jueces.

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Los encargados de analizar la cuestión planteada por Carlos Lesmes, antes de debatir en el Pleno del Consejo del próximo jueves 22 de abril la posibilidad de llevar la reforma de Sánchez ante el Tribunal Constitucional, consideran que "la plenitud de atribuciones, funciones y potestades, aun estando el Consejo en funciones, es consustancial a su condición de órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, como poder del Estado, garante de la independencia del Poder Judicial y de los jueces y magistrados que lo integran y ejercen la función jurisdiccional".

Además, los expertos han confirmado que, como reclamaban los propios jueces, "la configuración y la función constitucional del Consejo que determinan que las atribuciones vinculadas al ejercicio de esa función constitucional se establezcan en la propia Constitución" hace que "su configuración por el constituyente" las haga "indisponibles para el legislador ordinario" mediante ley orgánica. Un claro y evidente reproche a la reforma impulsada por PSOE y Unidad Podemos que ha cercenado las competencias del CGPJ. 

El jueves, Pleno del CGPJ

Con el respaldo de este dictamen, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, irá al Pleno - que se reúne esta misma semana- para debatir los términos y el alcance de formalizar un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías por la modificación exprés de la LOPJ con la que el Gobierno les recortó funciones constitucionalmente reconocidas, como la posibilidad de hacer nombramientos de jueces y magistrados, incluso cuando su mandato esté prorrogado, como es el caso actual.

Las conclusiones del texto, al que ha tenido acceso ESdiario, coinciden con lo apuntado por las principales asociaciones judiciales -Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI)-, que en un comunicado conjunto "instaron" al Consejo a fin de que, "a la mayor brevedad", adoptase las medidas oportunas y ejerciese "las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución".

La respuesta definitiva del órgano constitucional, emanada del debate y la posterior votación de sus vocales, se conocerá el próximo jueves.