| 23 de Junio de 2024 Director Benjamín López

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Salvador Illa en una imagen de esta semana.
Salvador Illa en una imagen de esta semana.

El Supremo ultima un auto histórico sobre la gestión de la pandemia del Gobierno

El Alto Tribunal apura el tiempo "necesario" para decidir sobre la veintena de querellas presentadas por ciudadanos y asociaciones de víctimas. Responderá "una a una" pero en un mismo auto.

| María Jamardo Tribunales

 

"Son muchos temas" y se resolverán "uno a uno pero acumulados en el mismo auto", apuntan fuentes del Supremo a ESdiario. El Alto Tribunal apura sin prisa, pero sin pausa, "todo el tiempo que sea necesario" para decidir si admite investigar, o no, las más de 20 querellas presentadas contra el Gobierno al completo y algunos miembros concretos del Ejecutivo, durante el estado de alarma, por su gestión de la pandemia.

Los magistrados analizan el informe en el que la Fiscalía "invirtió más de tres meses" para avalar la actuación del Ejecutivo y deliberarán "pronto" para hacer públicas sus conclusiones lo antes posible, confirman las mismas fuentes.

La Sala Segunda de lo Penal del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, desgrana el documento de 300 folios que el teniente fiscal Luis Navajas, ya jubilado, firmó en auxilio del Gobierno, para respaldar la gestión de la crisis del coronavirus. Mientras lo hace "no se puede olvidar que han seguido entrando nuevas querellas" subrayan desde el Alto Tribunal.

Lejos de buscar una posición común, como hizo el Ministerio Público, el Supremo les dará una respuesta pormenorizada -caso por caso- aunque de manera simultánea para simplificar el trámite. Un escenario que anticipa, como mínimo, importantes discrepancias formales, pendiente la resolución de un fondo jurídico "complejo", entre el Alto Tribunal y la Fiscalía.

No en vano, fuentes jurídicas  consultadas por ESdiario recuerdan que "el error e incluso el hecho de faltar a la verdad no por sí mismos son delitos" pero añaden que sí son susceptibles de serlo las "imprudencias que hayan podido dar lugar a la propagación de la enfermedad o muertes cuando una diligencia normal exigía haber actuado de otro modo". Son éstas últimas las que están bajo la lupa del Supremo.

La afilada despedida del fiscal Navajas

El extenso informe que la Fiscalía presentó ante el Supremo para avalar la gestión del Gobierno durante la primera ola de la pandemia del coronavirus fue coordinado por el teniente fiscal Luis Navajas, encargado de redactar la posición del Ministerio Público a instancias de la titular del departamento, Dolores Delgado.

Para ello contó con el apoyo del fiscal jefe de lo penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos -el favorito de Delgado para ser su nuevo número dos en la FGE- y de la fiscal de delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce.

El documento concluyó pidiendo la inadmisión de todas las causas penales planteadas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la Sala Segunda del Supremo.

La Fiscalía no encontró indicios de que la actuación del Consejo de Ministros, y en especial la del presidente o la de Salvador Illa, como máximo responsable de Sanidad, fuese constitutiva de ningún delito: ni muerte o lesión por imprudencia, ni prevaricación administrativa ni omisión del deber de socorro, tal y como sostuvieron las víctimas y asociaciones de víctimas que decidieron pleitear ante el Alto Tribunal.

La postura del entonces teniente fiscal Navajas chocó frontalmente con algunos de sus compañeros en el Supremo y provocó fuertes discrepancias internas en el seno de la Fiscalía, donde se le afeó que para una decisión tan sensible no se hubiese convocado la Junta de fiscales de Sala.

Navajas se despachó públicamente contra ellos asegurando que estaban "contaminados ideológicamente" y aireando la "presión" que trataron de ejercer para que cambiase su postura. Navajas llegó incluso a  señalar a la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal de ser una de las fiscales críticas.

 

A cambio, negó que su jefa, la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, hubiese "intervenido para nada, ni por activa ni por pasiva" en su criterio sobre la veintena de querellas presentadas contra el Gobierno del que Delgado fue ministra de Justicia en la anterior legislatura.