| 29 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Sanidad universal, una cuestión de ética

A la Generalitat Valenciana le cuesta al año 6 millones de euros atender a las personas que residen de manera irregular, el coste de dos auditorios o tres piscinas municipales

| Fran Raga Edición Valencia

El Congreso ha recuperado, a iniciativa del Gobierno de España, la sanidad universal. O dicho en otras palabras: no habrá ninguna persona que en suelo español no sea atendida con la dignidad y respeto que los Derechos Humanos imponen a un país avanzado, moderno y justo como el nuestro. Es, a todas luces, una buena noticia de la que todos nos deberíamos alegrar.

A pesar de ello, este ha sido el enésimo motivo de confrontación política y de alimento de las temidas fake news que últimamente llenan los whatsapp y Facebook de miles de personas que ven en los inmigrantes y en su llegada en patera una explicación a todos los males del país. Y es que, a río revuelto, ganancia de populistas.

Lo hemos visto recientemente en Suecia, Francia, Alemania, Italia, Grecia o hasta en la democrática Holanda, por poner algunos ejemplos. España y Portugal parecen estar, de momento, aisladas del fenómeno populista antieuropeo que recorre el continente y que nos recuerda al siglo pasado con todo lo que ello conlleva.

Así pues, recuperar la sanidad universal supone estar del lado de los Derechos Humanos y de la dignidad. Nadie va al médico por gusto, y para quien alegue lo de evitar el llamado turismo sanitario, conviene recordar que ya hay previsto un mecanismo para repercutir el coste de las intervenciones a los países de origen de estos pacientes oportunistas, en su mayoría europeos.

No es verdad que atender a las personas que residen en España de manera irregular vaya a colapsar más el sistema o que nos vaya a arruinar las arcas públicas. Por poner un ejemplo, a la Generalitat Valenciana le cuesta al año 6 millones de euros atender a todo este colectivo. Aunque pueda parecer mucho, 6 millones de euros no es más que el coste de dos auditorios municipales o de tres piscinas públicas. El motivo por el que se pone el acento en este gasto (que es una inversión), y no se miran con lupa despilfarros, fiestas y corruptelas es porque es más fácil culpar al débil.

Invertir en atender a las personas inmigrantes redunda en la salud de todos. ¿O es que queremos que haya personas con gripes, catarros o cualquier otra enfermedad, sin estar atendidos y contagiando a todo el que se encuentre? ¿De verdad queremos que, por ejemplo, no se atiendan casos de enfermedades de transmisión sexual (ETS) o virus? ¿De verdad hemos perdido así la humanidad y el respeto?

No es cuestión de dinero, es cuestión de derechos y humanidad.