Mucho más que memes

El infierno está lleno de buenas intenciones y la reforma de la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, con el fin de poner al día esta reglamentación y, presuntamente, asegurar una remuneración justa a periodistas, artistas y otros creadores de contenido, es una de estas loables intenciones.

 Estamos llegando al final de un largo camino. En mayo de 2015, la UE adoptó la Estrategia para el Mercado Único Digital con vistas a "reducir las diferencias entre los regímenes de derechos de propiedad intelectual nacionales y permitir un mayor acceso en línea a las obras por parte de los usuarios de toda la UE".

Así mismo, se pretendía mejorar el acceso transfronterizo a los servicios de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, aclarando -este es el punto más controvertido- la función de los servicios en línea en la distribución de obras y otras prestaciones protegidas.

 Que internet ha cambiado mucho en los 17 años transcurridos desde la anterior Directiva, es un hecho. Twitter, Facebook o Instagram no existían siquiera. La penetración del uso de internet en España y el resto del mundo, estaba limitada al acceso a un ordenador, y nada hacía prever en el corto plazo que el móvil, y menos aún las tablets, serían el modo preferido de acceso a la red; un acceso que ya no sería solo pasivo, para ver contenidos, sino también activo, creándolos el usuario de a pie.

Miles de usuarios europeos producen contenidos nuevos diariamente, haciendo uso en ocasiones de imágenes, videos o diseños protegidos por derechos de autor, pero sin ánimo de lucro. La propuesta de directiva europea de derechos de autor, aprobada finalmente el 21 de junio por la Comisión de Asuntos Jurídicos por un escaso margen de 13 votos a favor y 12 en contra, contiene dos artículos especialmente polémicos, el 11 y el 13, que podrían llegar a cercenar o limitar gravemente la creación y difusión de nuevos contenidos.

 Por un lado, el artículo 11 crea una suerte de Tasa Google o Canon AEDE, es decir, un pago previo de una licencia para poder enlazar noticias en internet, que deberán pagar usuarios y empresas. Casi peor, por lo que supone de censura previa, las posibilidades de abuso y las dificultades técnicas que entraña, es el artículo 13, que impone unas leoninas condiciones a cualquier plataforma donde puedan subirse contenidos (que no se limitan a imágenes y vídeos, sino textos y líneas de código inclusive), que ahora tendrán la obligación de controlar, a golpe de algoritmo, que los contenidos subidos no suponen infracciones de derechos de autor.

 Los más pequeños tendrán más problemas, cuando no les resulte directamente imposible, hacer frente a este control. Se resentirá la libertad de expresión y muy probablemente los memes a que estamos ahora tan acostumbrados sean las primeras víctimas. Pero esto es unicamente la punta del iceberg: internet tal como lo conocemos podría desaparecer de prosperar estas medidas. Los controles previos son cualquier cosa menos un empujón a la creación y la cultura.

 De momento, se ha logrado forzar una segunda votación en el pleno del Parlamento Europeo, que tendrá lugar la primera semana de julio gracias a la intervención de diputados opuestos a este panorama desolador, liderados por Julia Reda, del Partido Pirata.

Éstos han logrado superar los 75 diputados exigidos por la normativa europea para ir a segunda votación sobre un proyecto. Si la votación va bien, posteriormente habrá una tercera votación definitiva.

 Crucen los dedos, hay mucho en juego.

*Politólogo y abogado