La Comunitat tendrá una nueva renta social para reducir la pobreza

Luz verde en Les Corts. Ningún voto en contra para  la Renta Valenciana de Inclusión que la consellera de Igualdad y Política Inclusivas Mónica Oltra sitúa “a la vanguardia de España en protección social".

Esta retribución  que sustituirá a la actual renta garantizada de ciudadanía y que en 2020 beneficiará  a cerca de 95.000 personas, busca proteger a la parte más vulnerable de la sociedad como jóvenes que han sido tutelados por la Generalitat, las víctimas de violencia de género y las mujeres víctimas de trata, personas sin techo, pensionista o trabajadores en precario.

Así con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos, Cs y la abstención del PP, el nuevo texto contempla que el importe mínimo será de 532 euros en caso que el solicitante se acoja también a un “itinerario” de reinserción o de 266 euros en caso que renuncia a él.

La ley se llevará a cabo de forma "escalonada" desde 2018, cuando entrará en vigor y contempla dos tipos de prestaciones: Una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no lleguen al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda llamada de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que será variable.

Con diferencia de la actual renta garantizada de la ciudadanía, la nueva Ley elimina el límite temporal de recepción de 6 meses, se rebaja tiempo de empadronamiento en la Comunidad Valenciana de 24 meses a un año y amplía la edad para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla. Hasta ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años y para un límite de tres años.  Con el cambio pasará a ser indefinida.