Oltra deja una deuda de 50 millones por impagos a las residencias

Durante el mandato de Mónica Oltra como vicepresidenta y consellera de Igualdad dejó a deber una cuantía de 50 millones de euros a las residencias privadas y a las empresas que gestionan los centros de mayores de titularidad pública dependientes de su Conselleria. Por su parte, su sucesora Aitana Mas se comprometió a resolver el problema poniendo al día este mes los pagos derivados de los retrasos de la contratación. A escasos días de que concluya julio, las empresas denuncian que todavía no están contabilizadas las facturas en el sistema informático. 

El Concurso de plazas residenciales de personal mayores denominado “Licitación número CNMY16/18-18/52. Servicio de puesta a disposición de 3.300 plazas en centros residenciales para personas mayores en la Comunitat Valenciana.”, que fue el primero que llevó a cabo la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, venció el 31 de Agosto de 2021. El concurso que lo sustituye, de 7.100 plazas, está en la fase de adjudicación provisional actualmente y se espera que entre en vigor el 1 de Septiembre de 2022. Es decir, con un año de retraso.

Al mismo tiempo, muchos centros de servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación; sin contrato, con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios.

“Comentamos esta situación en la reunión que mantuvimos con la Vicepresidenta Aitana Mas hace dos semanas y se nos informó de que se iba a resolver en este mes, pero todavía no están contabilizadas las facturas en el sistema informático lo que, desde nuestro punto de vista, impide que se puedan pagar en breve” lamenta el presidente de  la Asociación Empresarial de Residencias  (AERTE), José María Toro.

Este retraso en la contratación está provocando un atraso en los pagos, ya que no se han cobrado facturas correspondientes a servicios prestados de noviembre del 2021 en adelante. Al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas. Por lo tanto, esta situación no se debe a un problema de tesorería de la Generalitat Valenciana, sino a la deficiente gestión administrativa que impide formalizar los nuevos contratos y contabilizar las facturas que se generen hasta ese momento, lo que AERTE considera inaceptable.

El importe de la deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a unos 36 millones de euros, incluyendo el mes de junio, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en casi a los 50 millones.  Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia.

“Aunque se han hecho algunos pagos, la situación general no ha cambiado. Estamos en la última semana de julio y, nos tememos, que lo que no se pague esta semana ya no se pagará hasta septiembre lo que dificultará el pago de las nóminas de este mes para muchos centros. La situación es insostenible” afirmaba el presidente de AERTE.