La ideología por encima del sentido común

Todos los días estamos escuchando y leyendo las actuales demoras en las ITV. Los periódicos se hacen eco de las largas colas para realizar la inspección técnica de sus vehículos. Los profesionales del transporte, los talleres en general, están viviendo el auténtico desastre de gestión.

El Exconseller Climent proclamaba a los cuatro vientos la calidad, el precio y la mejora de la seguridad vial que iba a conseguir. La realidad es que han quitado una prueba, sonometría, y puesto que hay una prueba menos han quitado esa tarifa. Mi pregunta es: “Si quitamos todas las pruebas la tarifa sería cero”.

¡Por favor seamos serios!. La legislación en materia de ITV es la misma en todo el territorio español, es más, emana de una directiva europea traspuesta al ordenamiento jurídico nacional en el RD 920/2017.

Las sociedades que han gestionado las mismas han seguido escrupulosamente esa normativa, es más, y para mayor abundamiento, no sólo eran auditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), sino que además les auditaba la Conselleria de Industria a través del IVACE cobrando por este trabajo una cantidad nada desdeñable que anualmente podría representar alrededor de 8M de euros.

De todos es conocido el modelo de gestión Pública, como indicaba el “Síndic de Comptes”:

1. Incrementa la Deuda Pública, necesidad de inversión nuevas estaciones, evolución tecnológica, etc.
2. Incrementa la estructura de personal de la Generalitat, rigidez para determinados periodos, por ejemplo, pandemia, estacionalidad de inspecciones (meses de verano, navidades), mayor conflictividad laboral concentrada.
3. No ingresaría dinero por el alquiler de las estaciones
4. No ingresaría dinero por el canón variable, actualmente representa el 10% de la tarifa media ponderada

Este modelo representaba para la Generalitat, por todos estos conceptos, alrededor de 20 millones de euros. No perdamos de vista las inversiones realizadas por todos los empresarios durante los 25 años de gestión.

Se hablaba de las tarifas de la Comunidad Valenciana, que eran las más elevadas, nadie puso en la ecuación lo que recaudaba la Generalitat durante estos años. Tampoco el Conseller Climent se digno a sentarse a negociar la misma, todo se arreglaba con que el expresidente Zaplana se había enriquecido en el marco del conflicto Erial. Argumento político que convenía con tal de demonizar a la oposición.

Me pregunta es: si los Sres. Cotino y Zaplana se enriquecieron con la venta, ¿Qué culpa tiene el empresario que compró el negocio, quizás endeudándose?.

No deberíamos preguntarnos: ¿Han dado un buen servicio?, ¿Han cumplido con los estándares de calidad?, ¿Estaban dispuestos a encontrar soluciones?. 

Si todas ellas son afirmativas, ¿por qué nos hemos metido en este charco? La respuesta es fácil porque Compromís lo convirtió en arma arrojadiza sobre la oposición, sin tener en cuenta el perjuicio a los ciudadanos.

Señores gobernantes ya está bien de mentiras, seamos serios y aparquemos la ideología en aras de lo que le conviene a la Comunidad Valenciana. En definitiva, a todos nosotros, porque no solo se trata de recaudar teniendo los impuestos más caros de España, si no en optimizar la gestión.