| 23 de Junio de 2024 Director Benjamín López

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Francisco Camps en la Audiencia Nacional
Francisco Camps en la Audiencia Nacional

Tensión y muchos nervios en la Audiencia Nacional contra Camps

Expulsión de facto del abogado de la Generalitat, mientras que Camps llama mentiroso a Correa y éste, que anuncia mensaje al final del juicio, 'inculpa' a su lugarteniente Álvaro Pérez

| Fernando García Bonet Edición Valencia

El pasado lunes se inició -o reinició a criterio de algunas defensas- el juicio dimanente de Gürtel que sienta (¿por ultima vez?) al expresidente Francisco Camps en el banquillo de la Audiencia Nacional.

Dos días intensos, tensos, y con muchos nervios, que han tenido como colofón final, cuando ya el Tribunal, la Fiscalía y buena parte de la cincuentena de personas -encausados y sus letrados- que asisten a las sesiones habían abandonado la Sala. Francisco Correa, que declaró el primero, como capo empresarial y por la conformidad pactada con la fiscalía, terminó con un triunfalista “volveré el último día, señoría, para mi declaración final, y ya con el tercer grado”, en lo que ha sonado a mensaje a la fiscalía y al propio Tribunal para que éste “compre” su conformidad. 

Pese a lo difundido por otros medios, señalando insultos y un atisbo de agresión física, ESdiario ha registrado, por testimonio de testigos directos ajenos a Camps, que -efectivamente molesto y en tono muy recriminatorio- al paso de Correa por delante de él -Camps viene ocupando la última fila, mientras Correa ocupa la primera- le ha afeado su conformidad y sus declaraciones, tachándolas de mentiras manifiestas. La respuesta de Correa no ha sido menos desconcertante, trasladando precisamente a su lugarteniente Álvaro Pérez -“imaginativo aunque un desastre en lo económico” (Pablo Crespo dixit)-, la condición de mentiroso.

(Es sabido que uno y otro, como imputados, pueden hacerlo en su defensa. Incluso inventando diatribas contra otros investigados a cambio de una petición penal más benigna. Por indigno que parezca. Afortunadamente corresponde al Tribunal -sobre la base de hechos incontrovertidos- estimar o no esa conformidad y registrar o no acusaciones añadidas a un investigado provenientes de otro de ellos).

Del primero sorprendieron -y tensaron- por este orden, la sustitución de una magistrada (la ponente) por otra en razón de un “nombramiento gubernativo” recientísimo (cuesta creer que la interesada no lo supiera con antelación), la unanimidad de las partes -incluido el Ministerio Fiscal- en cuestionar la legitimación de la Generalitat para personarse, cambiar conclusión provisional y solicitar nuevas pruebas incriminatorias, y la contundencia de los letrados Alberto Primo y Belén Gil denunciando en sus cuestiones previas, indefensión arrastrada de sus patrocinados -Aviñó y el propio Camps-, investigaciones prospectivas y trato discriminatorio respecto a las acusaciones, además de algún rifirrafe entre el letrado del doctor Rafael Peset y el presidente de la Sala.

 

Ayer martes debutó la Fiscalía Anticorrupción. “El fiscal” -así se refiere a sí misma Concepción Nicolás, titular que la representa visiblemente nerviosa- refutó con idéntica contundencia (no cabía esperar otra cosa) a los letrados arriba citados y evidentes guiños hacia aquellos con los que había pactado conformidad. Llegó a ofenderse –“no me había ocurrido antes”- de que se dudara de su transparencia. Aunque se adhirió a las defensas en su repudio de la personación de la Generalitat Valenciana que pretende el letrado contratado para ello. Poco aportó la Acusación Popular, que representa la letrada Gloria de Miguel en nombre de la exdiputada socialista Carmen Ninet. (Recuérdese que Puig y Luna, quienes junto a ella promovieron la acusación, desistieron tras asumir Presidencia de la Comunidad y Defensor del Pueblo, respectivamente). Algo confusa, se limitó a adherirse a la Fiscalía evitando descalificar la personación de la Institución que rigen sus conmilitones.

La estrategia de Puig fracasa, expulsión de facto  del abogado de la Generalitat al establecer que su "intervención es meramente adhesiva"

En un alegato tan sofisticado en lo retórico como huero de contenido operativo, Amezcúa Orteño , cortésmente interrumpido por el Presidente en alguna ocasión, ha intentado un canto del cisne que, definitivamente ha derivado en la expulsión de facto, estableciéndose que “la intervención de la Generalitat es meramente adhesiva” y excluyendo a las Fundaciones y Empresas con personalidad jurídica propia, de la figura de perjudicado. Un sonado fracaso para Ximo Puig. Consta, eso sí, la queja del letrado.

Con las declaraciones de Correa y Crespo, el crescendo de nervios y tensión podía palparse en la sala. Por suerte el magistrado José A. Mora Alarcón que une a la Presidencia del Tribunal, la ponencia, ha asumido con paciencia no exenta de amabilidad, firmeza y acreditada experiencia la gestión de la causa, tomando permanentes notas y solicitando escritos, e incluso invitando a consultas de los letrados.

Tiempo tienen unos y otros para la calma, porque el juicio no se reanudará hasta el 13 de febrero, para continuar -así se ha acordado- con las declaraciones de los que han prestado conformidad. Previsiblemente Camps declarará en último lugar, ya con el mes próximo avanzado.