Las manos derechas de Rus y Ábalos desmontan el auto de Imelsa

La macrocausa de Imelsa, la empresa de la Diputación de Valencia que presuntamente contrataba zombis -personas que trabajaban en otros menesteres pero cobraban de ahí- y dirigía Marcos Benavent, alias el 'yonki del dinero', cae en multitud de contradicciones que podrían acabar incluso con absolución de muchos de los acusados. 

En concreto las defensas de Rafael Rubio, actual subdelegado del Gobierno y persona de confianza del ministro José Luis Ábalos, como de Emilio Llopis, ex alcalde de Genovés y mano derecha de Alfonso Rus, han presentando toda una serie de contradicciones evidentes que desmontan algunas acusaciones del caso. La más flagrante es que se les atribuye contrataciones de asesores que nada tenían que ver con ellos, hasta de otros partidos. 

En el caso de Rubio, asegura que los puestos de dos asesoras que estaban a su cargo ya existían antes de ser él consejero de Imelsa, por lo que las plazas no se crearon a instancia suya, y que la contratación cumplió escrupulosamente la ley.

Más contundentes son las alegaciones presentadas por Emilio Llopis, que durante años actuó como jefe de gabinete de Rus, al juzgado de instrucción número 18 de Valencia que instruye el caso Imelsa. La jueza atribuye a Llopis de contratación de cinco asesores, pero ninguno trabajó para él y uno era alcalde del PSOE y asesor del actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar ¿Qué sentido tendría que Llopis contrara el asesor de un diputado de otro partido? 

En las alegaciones de Llopis se explica que “nos sorprende que se trate de hacer responsable al Sr. Llopis, incluso, de la contratación de asesores que ni siquiera eran suyos y que hasta lo fueron de otros Consejeros de distinto signo político. ¿Qué interés podría tener el Llopis en que se contratase a un asesor, el señor Cañizares, para el consejero Antonio Gaspar?”

“Y, será en última instancia el Sr. Gaspar –que ni siquiera aparece como investigado en esta pieza- quien debería decir si lo eligió él y si el asesor trabajó o no. ¿O es que el Sr. Llopis podría haber elegido un asesor para un consejero sin este último tener conocimiento?”, continúa. 

La defensa de Llopis pide por tanto que la juez indique quiénes eran los asesores adscritos a Rosa Pérez Garijo, actual consellera de Transparencia, a Emili Altur, diputado provincial de Compromís, Antonio Gaspar, actual presidente de la Diputación, de quien como señala la defensa le atribuye la contratación de su asesor a Llopis. Como ven, la causa, que lleva camino de 6 años de investigación, no se pone de acuerdo sobre quién era el responsable de contratación de los denominados zombis, e incluso si se podría determinar si realmente no trabajaban porque como señala la defensa de Rafael Rubio “no ficharon porque el sistema digital no se instauró hasta 2012-2013”.