| 26 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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La consellera de Justicia, Gabriela Bravo
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo

Compromís acusa de “clasista” y “cuñados” al PSPV por el requisito lingüístico

Nueva guerra en el Botànic por el título de valenciano a los funcionarios de clase alta, que los socialistas defienden elemental y los nacionalistas superior, con chaparrón para Bravo

| E. M. Edición Valencia

Semana nueva y polémica nueva entre los partidos del Botànic, o entre PSPV y Compromís para ser más exactos. Cuando no es la tasa turística o el puerto de Valencia, es el requisito lingüístico. Los dos principales partidos del gobierno valenciano dejaron ayer patentes sus diferencias en la ley de función pública en el denominado requisito lingüístico -la obligatoriedad de tener un título de valenciano- que se pretende exigir a los trabajadores de la administración autonómica.

Así, mientras el PSOE y sus expertos, comandados por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, apuestan por exigir el grado elemental a los funcionarios de clase alta -que se tiene acreditado, por ejemplo, con haber estudiado valenciano en el instituto-, desde Compromís se defiende exigir un nivel superior de valenciano, un B2 o C1, que supone sacarse un título aparte.

Esta pequeña discrepancia ha provocado una gran polvareda. Hoy Compromís, desde su cuenta oficial, ya han advertido que exigir un título superior de valenciano a los funcionarios “es una cuestión irrenunciable”.

Dirigentes de la coalición como la diputada, Nathalie Torres, que lleva estos temas, ha compartido mensajes donde se tacha de “cuñados” y “clasistas” a los socialistas. “El PSOE es como el cuñado canallita que le regatea 0,50 euros al del bar porque el cubata le pare demasiado caro”, comparte la diputada, junto con otro mensaje como “la propuesta de rebajar el requisito del valenciano a los altos funcionarios del medio al elemental es una medida clasista, de autoodio y absurda”.

Mientras, Compromís aumenta la presión a sus socios del PSIOE a través de asociaciones afines como Intersindical o Escola Valenciana que han tachado de “inaceptable” la propuesta de Gabriela Bravo y llegan a pedir la dimisión de la consellera de Justicia si no cede a las tesis de los nacionalistas.