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À Punt.
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Vox Madrid negoció el futuro de la televisión pública valenciana

La nueva ley que regulará À Punt se cerró en Madrid con dos intermediarios de Abascal que pactaron en un tira y afloja con el PP de Carlos Mazón las claves de la norma

| Sonia García Edición Valencia

El futuro de À Punt ya está decidido. Para salvar la televisión pública valenciana de la crisis que vive y evitar que se repita un final indeseado como el cierre de Canal 9, PP y Vox han promovido una nueva ley que sienta las bases del nuevo modelo de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana. En un tira y afloja en cuestiones como el porcentaje del uso del valenciano o la estructura de la ejecutiva, el pacto se ha sellado no en el seno del Consell, sino en Madrid con dos intermediarios de Santiago Abascal que vuelven a poner de manifiesto la dominancia de la sede de Bambú en los territorios. 

Desde que llegaron al poder, tanto PP como Vox tenían claro la idea de presentar una nueva ley que acabara con el embrollo legislativo que dejó el Botànic, hacer frente a las bajas cifras de audiencia y revertir la quiebra que está impidiendo hasta pagar a las productoras a tiempo. Los diputados de la Comisión de la Radiotelevisión Valenciana i del Espacio Audiovisual de Les Corts Valencianes se pusieron manos a la obra, pero no fueron los dos miembros de Vox de esta Comisión quienes pactaron con sus socios de Gobierno. 

La ley de À Punt se negoció en tres reuniones -dos encuentros en Alicante y uno final en Madrid donde se cerró el acuerdo- con dos emisarios de Abascal ya conocidos. Por un lado, quien ya fraguó el pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Valencia: la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montse Lluis, la responsable de Bambú encargada de mover los hilos a nivel territorial. Por otro, el exjefe de Gabinete de Macarena Olona, Álvaro Zancajo, también consejero de la televisión de Castilla y León. Abascal optó por estos dos perfiles, periodistas con amplia trayectoria y expertos en comunicación, para negociar con el PP de Carlos Mazón cuestiones clave.

Vox ha mostrado partidario de cerrar la televisión pública desde el inicio, como han manifestado en diversas ocasiones representantes del partido verde en la Comunidad Valenciana, entre ellos el portavoz en Les Corts, José María Llanos. Descartando esa posibilidad, los dos emisarios de Abascal pretendían reducir al máximo la estructura. En un tira y afloja con el PP, finalmente el Consejo de À Punt -dominado actualmente por los dirigentes colocados por Compromís- pasará a contar con ocho miembros. También se ha cambiado la forma de elegirlos. Siete serán nombrados por Les Corts y uno por la FVMP, las dos instituciones donde el PP y Vox tienen la mayoría. Este consejo propondrá al director general de la radiotelevisión, que será nombrado por el Consell. Habrá una primera votación de tres quintas partes de Les Corts y, de lo contrario, se hará por mayoría absoluta. El director tendrá la potestad de nombrar al resto de personal de dirección de los medios. El resto de los trabajadores de la plantilla se mantendrá, pero será subrogado dado que ahora las dos compañías que formaban la radiotelevisión se fusionan para dar lugar a una nueva empresa pública denominada Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A.(CACVSA).

El otro punto conflictivo -enmarcada en una negociación "fácil" a rasgos generales con objetivos comunes como la reducción del gasto- ha sido el uso del valenciano. La antigua cadena pública de Canal 9 pasó de ser castellanoparlante y ser vista en toda España para, años después, renacer bajo la marca de À Punt y limitarse a un público reducido usando 100% el valenciano. El objetivo de Vox con vistas en clave nacional en la negociación era castellanizarla de nuevo, pero se topó con un PP que portaba el Estatuto de Autonomía 'en la mano' y que explicó a los negociadores foraños la obligación de promover esta lengua.

Finalmente, se ha acordado ampliar de forma gradual el porcentaje de castellano que se empleará. Cabe recordar que la actual ley del Botànic especifica porcentajes de emisión, temáticas, etc. En cambio, tanto estas cuestiones como el uso del valenciano no se especifican en la nueva ley, sino que se extraen y se plasman en contratos-programas para evitar que, cada vez que se quisieran modificar objetivos anuales, tuviera que entrar en el farragoso proceso legislativo de reforma de ley a través de Les Corts, como ocurre actualmente incluso para modificar condiciones de los trabajadores. Así, la nueva ley de À Punt de PP y Vox tiene un carácter más genérico y de simplificación que la actual.

Pluralidad Política y Digitalización

Para hacer frente a la caída de la audiencia, la nueva televisión pública apostará por la pluralidad de los contenidos y su digitalización. Para ello, la propuesta incluye la creación de dos servicios: la Red autonómica de sinergia audiovisual y la Plataforma Audiovisual Valenciana.

En la primera, se buscará trabajar por la "pluralidad social y política de todo el territorio autonómico, los contenidos de proximidad e impulsando la red de TDT y Radios del espectro audiovisual de la Comunidad Valenciana para constituirse como un motor del desarrollo de este sector".

La ley explica que nace de la necesidad de adaptarse e interactuar con suficiencia en el actual entorno digital avanzado, algo que los redactores consideran que la actual corporación no ha conseguido. "La audiencia ya no se congrega frente a la televisión tradicional a las horas que decide el programador y frente a una sola pantalla; y el consumo de programas en diferido, que además se pueden visionar incluso en otras plataformas que no son la propia televisión que los ha producido, es otra realidad incontestable", señala el texto de la ley.