| 18 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Fachada del Museo Reina Sofia de Madrid.
Fachada del Museo Reina Sofia de Madrid.

Caso IVAM: El Reina Sofía carece de autorización de Julio González

El director Manuel Borja Villel remite un clarificador oficio a la Audiencia de Valencia que puede ser determinante en el caso de la obra póstuma de Gerardo Rueda comprada por el IVAM

| Fernando García Bonet Edición Valencia

Como ya explicaba ESdiario en su anterior entrega, en el ecuador de este complejo proceso judicial que se sigue en la Audiencia de Valencia por la adquisición por parte del IVAM de obra póstuma de Gerardo Rueda, uno de los máximos exponentes del abstraccionismo español en los años de la transición, fundador junto a Gustavo Torner y Fernando Zobel, del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, están viendo la luz documentos novedosos y otros, aunque conocidos, de no menor
interés en este momento procesal.

 

Pese a los legítimos intentos de las defensas por establecer una razonable comparativa con otros casos muy notorios, entre los que destaca -por motivos obvios- la obra póstuma de Julio González, que da nombre al museo valenciano y ocupa posición privilegiada en otros museos nacionales e internacionales, esta vía argumental resultó imposible, y sistemáticamente obstaculizada durante la Instrucción. No así, en la vista a la que estamos asistiendo en la Sección 5ª de la Audiencia de Valencia, que ante la insistencia de los letrados de la defensa en sus escritos de oposición a las acusaciones, fue la propia Sala la que se dirigió al actual director del Reina Sofía (MNCARS), Manuel Borja Villel, para que constatara si el referente museístico nacional de arte moderno que dirige ha adquirido obra póstuman de Julio González y -lo que no es baladí- si consta en el expediente de adquisición, autorización expresa del autor a sus herederos (herederas en esta ocasión). La
respuesta es afirmativa en el primer caso, treinta y ocho esculturas donadas por  Roberta González en 1972 y cuatro adquiridas por el Museo entre 1998 y 2004 a diferentes vendedores. En el segundo no, “no constan … autorización efectuada en vida por el autor … así como autorización para modificar la escala”. El escrito está fechado el 13 de julio pasado. Julio González murió en 1942.

Lo chocante, a juicio de los peritos que aportan las defensas es que una de las peritos judiciales, Rosario Peiró, directora de colecciones del Reina Sofía, exija tal autorización expresa en el caso de Rueda para admitir la autenticidad de la misma -es cierto que nunca se atrevió a calificar las obras de falsas- y valorarla como tal, consciente como debe ser de lo que su jefe afirma con contundencia. ESdiario ha sabido que tal extremo ya consta en un email dirigido por Tomás Llorens al letrado de Consuelo Císcar tras conocer el primer informe de las peritos. Email que obra en los autos y que no ha hecho variar la posición de éstas, como tampoco ocurrió -en su ratificación por videoconferencia en la Instrucción- tras mostrarles las autorizaciones firmadas por el autor.

Tanto Begoña Torres, subdirectora General de Museos y miembro del Consejo Rector del IVAM durante su pericial en instrucción, y hoy directora del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, como la valenciana Rosario Peiró, siguen “dudando” de la autenticidad de las obras. Debieron presentar antes del comienzo del juicio, a petición de la fiscal Virginia Abad, una valoración de la obra hecha en vida por el autor, que no ha llegado hasta el pasado día 9 y será objeto de careo entre expertos de ambas partes mañana miércoles.

Fuentes próximas a las defensas consideran que si estas circunstancias hubieran sido tenidas en cuenta durante la Instrucción, como reiteradamente solicitaron, el caso debiera haberse visto convenientemente archivado. Veremos ahora qué valor le confiere el Tribunal que consideró oportuno dirigirse al Director del Reina y cuenta con la respuesta que ESdiario publica junto a esta nota.

En su día, otra Sección de la Audiencia -naturalmente distinta- resolvió el correspondiente Recurso de Apelación relativo a las cuestiones de autenticidad del letrado Juan Molpeceres durante la Instrucción, haciendo hincapié en las administrativas y reduciendo aquellas otras a puramente semánticas. Aunque lo desestimó. Y ha llovido mucho desde entonces.