El Tribunal obliga a Ribó a no multar a los curas

El Tribunal Superior de Justicia obliga a rectificar al Ayuntamiento de Valencia con la polémica Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord. El auto, al que ha tenido acceso ESdiario, da la razón al Arzobispado sobre la prohibición del gobierno de Joan Ribó y PSOE para acceder a las iglesias y parroquias de la zona. 

De los 27 supuestos contemplados en el acuerdo que permiten la entrada de los particulares en el área delimitada como, por ejemplo, a los comerciantes, ninguno de ellos contempla esa posibilidad para las iglesias o parroquias que existen en la zona. Por ese motivo el Arzobispado ha presentado un recurso considerando también que la restricción de acceso al centro histórico "no tiene la finalidad de  "conseguir mejores condiciones de habitabilidad para reducir la contaminación acústica y atmosférica y proteger el casco histórico y su valor cultural". 

El letrado del Arzobispado de Valencia, Daniel Calabuig Rodríguez, ha ganado el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local. El recurso de Calabuig se sustenta en que la Junta de Gobierno Local no ofreció "posibilidad de que la parte efectuara alegaciones y sin que se hubiera presentado ni memoria económica ni plan de viabilidad".

Además, el recurso del letrado sostiene que la prohibición del Ayuntamiento "vulnera el derecho a la
libertad de circulación y residencia del art. 19 de la Constitución Española así como el art. 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea". 

La sentencia falla a favor del Arzobispado y reconoce el derecho de la parte demandante el acceso al área de prioridad residencial Ciutat Vella Nord respecto de las parroquias e iglesias que se encuentran dentro de dicha área, en los mismos términos que sí se preveían para los titulares de comercios o empresas que dispongan de local u oficina en la zona.

Asimismo, el TSJCV condenamos a la Administración demandada "a estar y pasar por tal declaración y al cumplimiento de la misma". En cambio, se libra de pagar las costas procesales. La sentencia no es firme y el Ayuntamiento de Valencia podría recurrirla ante el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento ha recaudado 1'9 millones

La portavoz del PP, María José Catalá, ha explicado que cada día las cinco cámaras de control de  accesos a Ciutat Vella “cazan” a cerca de 300 conductores que han penetrado en el Área de Prioridad Residencial (APR). Hasta la fecha, y solo ha pasado algo más de un año desde su activación, se han interpuesto 121.642 multas y se han recaudado ya 1,9 millones de euros, esto significa una media de 300 multas al día, 9.000 multas al mes y una recaudación diaria de más de 5.000 euros.

 “Ahora esta sentencia del TSJ confirma que fue una imposición del gobierno de Ribó y PSOE el cierre de Ciutat Vella al tráfico. El auto les obliga a rectificar y pone en evidencia la gestión improvisada de un gobierno municipal que está viviendo sus últimos días al frente del Ayuntamiento”, apunta Catalá, quien se compromete con apagar las cámaras si gana las elecciones el 28 de mayo.