| 11 de Agosto de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Entrega del premio por parte de José Ramón Chirivella a los síndicos de las acequias del Tribunal de las Aguas
Entrega del premio por parte de José Ramón Chirivella a los síndicos de las acequias del Tribunal de las Aguas

Un párrafo que puede cambiar la situación legal de cinco millones de valencianos

La Associació de Juristes, en un multitudinario acto en el que premió al Tribunal de las Aguas, apela a introducir en el debate actual de la reforma constitucional el punto del derecho foral

| H.G. Edición Valencia

"La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales".

Este simple párrafo de tres líneas cambiaría la potestad legislativa valenciana y le permitiría recobrar la facultad para establecer normativa propia en cuestiones como herencias o separaciones matrimoniales de bienes, entre otras muchas. En la práctica, haría posible recuperar el derecho civil valenciano que estuvo en vigor entre 2008-2016 pero que fue derogado tras un recurso al Tribunal Constitucional.

 

No obstante, para que esto ocurra hace falta que tres quintas partes de los parlamentarios del Congreso aprueben incluir un segundo párrafo -el citado antes- a la disposición adicional segunda de la Constitución. 

La petición fue realizada a comienzos del aciago año 2020 y todavía no ha sido respondida. Les Corts la aprobó y la transmitió tras una intensa campaña de restitución del derecho foral auspiciada por la Associació de Juristes Valencians, entidad que preside José Ramón Chirivella, y que ha logrado el respaldo en pleno del 98% de municipios valencianos y de la mayoría de la cámara parlamentaria autonómica.

Si hasta ahora la excusa o la pega para no abordar el cambio constitucional consistía en que resultaba muy farragoso emprender una reforma, la situación ha cambiado, ya que el Congreso está debatiendo una variación para que la palabra discapacitado sustituya a disminuido en la carta magna. Ante esta coyuntura, la Associació de Juristes ha apelado a la "economía procesal para tramitar conjuntamente la justificadísima modificación del artículo 49 CE con ésta que se propuso también por Les Corts Valencianes".

 

Por tanto, queda en manos de los diputados nacionales de los diferentes partidos que respaldan la restauración del derecho civil en la cámara autonómica (PSOE, PP, Compromís y Unidas Podem) apoyar también que se introduzca ese párrafo en la reforma constitucional y que se añada a la disposición adicional segunda. 

Si así ocurriera, la Comunidad Valenciana recuperaría una potestad que viene de su época de reino, con Jaume I a la cabeza, y que fue derogada por el Decreto de Nueva Planta, en 1707, por el nuevo rey Borbón. En los ocho años que luego fue restablecida esa capacidad legislativa (2008-2016), Juristes Valencianas calcula que alrededor de 300.000 habitantes de la autonomía utilizaron o se vieron afectados por la nueva normativa.

 

Por otra parte, esa capacidad legislativa la tienen en la actualidad alrededor de 15 millones de españoles de autonomías como Navarra, Aragón o Baleares. Por el momento, no los cinco millones de valencianos.

Premio Gregorio Mayans

La trascendencia de ese párrafo, y el apoyo social a su inclusión, quedó bien patente en la multitudinaria entrega del premio Gregorio Mayans, que este año, en su segunda edición, recayó en el histórico Tribunal de las Aguas "por los evidentes méritos culturales y jurídicos que concita este milenario tribunal de riegos con reconocimiento internacional", según explica la Associació de Juristes Valencians.

La agrupación de juristas que preside José Ramón Chirivella destaca que este tribunal, de cuyo funcionamiento los primeros documentos escritos datan del siglo XIII,  se caracteriza "por su legitimidad democrática, carácter tradicional y consuetudinario y por la pervivencia de un procedimiento en lengua valenciana regido por la oralidad, economía y rapidez procesal, y la gestión de los conflictos de interés".