Juzgan a dos funcionarios de Puig por consultar datos privados de Rocío Carrasco

El documental sobre Rocío Carrasco emitido hace un año en Telecinco donde la hija de la tonadillera acusaba a su ex marido, Antonio David Flores, de haberla maltratado -pese a no haber condena en este sentido- ha acabado con dos funcionarios del gobierno valenciano de Ximo Puig ante un juez en un efecto mariposa de los acontecimientos.

En concreto, la Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo jueves a dos funcionarios de la Generalitat Valenciana por presuntamente acceder, sin justificación alguna, al sistema integral de violencia de género -Viogén- para consultar datos personales y reservados de Rocío Carrasco y de su ex marido Antonio David Flores.

Los hechos sucedieron el 22 de marzo de 2021. La Fiscalía acusa a ambos funcionarios -un hombre que trabajaba como psicólogo y una mujer trabajadora social de una oficina de atención a las víctimas del delito-, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y pide para ellos sendas penas de tres años y medio de prisión, así como una multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios y seis años de inhabilitación absoluta.

En su día, la Fiscalía de Valencia denunció a siete funcionarios por presuntamente acceder de manera indebida al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco tras el primer capítulo de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', emitida por Telecinco.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando, tras difundirse la primera entrega del documental de Rocío Carrasco, se detectó que al menos una decena de personas con acceso al sistema Viogén, al que pueden entrar, además de la Policía y jueces, funcionarios que trabajan en Servicios Sociales, había consultado el expediente de la hija de Rocío Jurado.

Interior detectó este hecho y, tras comprobar que esas personas no tenían relación con el caso, bloqueó el acceso. Por su parte, desde la Conselleria de Justicia se abrió expediente para actuar administrativamente y, además, se pusieron los hechos en conocimiento de Fiscalía.

Transcurridos unos meses, se formuló denuncia contra siete trabajadores públicos destinados en la Comunitat Valenciana por un posible delito de encubrimiento de secretos del 197.2, por acceso indebido a base de datos. Los trabajadores públicos pertenecían a diferentes oficinas, por lo que el asunto se judicializó en juzgados de Alzira, Ontinyent, Moncada, Catarroja y Sueca. Este jueves se juzgará a los dos trabajadores indicados anteriormente.