Compromís utiliza las "armas" para abrir nuevos frentes en la guerra portuaria

Compromís ha decidido convertir los puertos valencianos en un nuevo campo de batalla político. Todo comenzó cuando el alcalde Joan Ribó inició una “guerra” particular contra la oposición y aquellos agentes sociales que urgían a materializar la polémica ampliación de la terminal norte del Puerto de Valencia. Un conflicto en el que las trabas burocráticas han constituido el principal activo de la formación nacionalista para lograr prolongarlo durante años sin aportar una solución real o efectiva que garantice la paz social. 

La principal condición “sine qua non” planteada por Ribó desde un principio ha sido la elaboración de nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que cumpla “estrictamente” la legislación, descartando así la realizada en el año 2007. Sin embargo, Puertos del Estado notificó hace un par de meses a la Autoridad Portuaria de Valencia la posibilidad de seguir adelante con el proyecto de ampliación norte al considerar en un informe jurídico que no era necesario elaborar una DIA actualizada pese a que el proyecto ha variado.

No satisfecho con ello, el alcalde ha defendido esta misma semana que cualquier planteamiento sobre la ampliación del Puerto debe contar también con un informe sobre el empleo y los efectos en los puestos de trabajo. “Igual que hemos mostrado nuestra preocupación por las consecuencias ambientales y de movilidad del proyecto de ampliación portuaria, es necesario conocer con profundidad los efectos sobre el empleo, que afecta a numerosos sectores, estibadores transitarios, agentes de carga y otros muchos, que se van a ver afectados y que viven de su trabajo en el Puerto”, explicaba tras un encuentro con representantes de Comisiones Obreras.

Pero no es lo único. Ahora, la diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Derechos Humanos de las Corts Valencianes, Cristina Rodríguez, ha presentado una propuesta para que el parlamento valenciano condene la entrada en los puertos valencianos de cualquier naviera que transporte armamento. La iniciativa también recoge que tanto el Consell como el Gobierno central tomen medidas de supervisión previas a los barcos que hacen escala en los puertos valencianos, para garantizar una actividad portuaria más ética y consecuente con el fomento de la cultura de la paz y el desarme.

Según Rodríguez, “la propuesta de Compromís recoge las líneas marcadas en la moción que, el pasado mes de abril, aprobó el pleno del Ayuntamiento de Sagunto. Una moción que surgía después de que al puerto saguntino llegara el barco de la naviera saudí Bahri Yeddah que, según el trabajo de investigación del Centro Delàs d’Estudis per la Pau, “podría venir cargado de material para la guerra del Yemen. Es decir, armamento para ser utilizado contra la población civil”.

La iniciativa, a priori, más allá de querer trasladar a la Cámara una problemática de difícil solución y de dudosa competencia, podría servir de estrategia política para profundizar más aún en la injerencia política sobre la actividad portuaria. De tal modo que la guerra de Yemen pasa a ser el pretexto ideal para mantener vivo el conflicto político valenciano sobre los puertos.