Igualdad debe indemnizar medio millón por no gestionar el PEF de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia pagó 1'2 millones de euros por servicios en el Punto de Encuentro Familiar de la ciudad sin contrato entre 2015 y 2020. La Agencia Valenciana Antifraude ha notificado irregularidades en cuanto a un "retraso injustificado" en el procedimiento de contratación así como un sobrecoste de las facturas, pero como desde 2018 es una competencia de la Generalitat y no del Ayuntamiento de Valencia, es la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas quien ha debido de indemnizar al Ayuntamiento con un importe de 524.905,59 € por no haber gestionado el Punto de Encuentro Familiar y ser el consistorio quien asumió los costes, tal y como recoge la memoria de Antifraude sobre el ejercicio 2021.

En concreto, El Ayuntamiento de Valencia pagó 550.000 euros a la Asociación Alana; 14.000 al Colegio de Abogados; 65.000 al abogado José Gabriel Ortolá; 270.000 al Colegio de Educadores Sociales;  270.000 al de Trabajadores Sociales; y 183.000 al de Psicólogos.

Esto supone una  cantidad superior a la que jurídicamente estaba obligado a abonar, según Antifraude. Además, "los servicios prestados por profesionales a través de sus colegios recurrieron a la vía del enriquecimiento injusto y los acuerdos de encargos" sin contratación, subraya la Agencia. 

La Generalitat asumió las competencias finalmente en 2021. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) amonestó a Mónica Oltra por discriminar a empresas privadas. Paralizó el primer concurso público para la gestión de todos los Puntos de Encuentro Familiar judiciales de la Comunitat Valenciana al considerar que la Conselleria había excluido del concurso a las empresas privadas. El retraso del traspaso, acabó con la suspensión del centro, el despido de 14 trabajadores y dejando colgadas a 200 familias. 

En definitiva, el intento fallido de Oltra de desprivatizar estos servicios ha acabado costándole una indemnización de más de medio millón de euros. Antifraude pide que la Conselleria de Igualdad se haga responsable de "los costes en que ha incurrido el Ayuntamiento durante los ejercicios 2019 y 2020 en la prestación del Punto de Encuentro Familiar de Valencia". Se trata de una penalización más que se suma al cúmulo de indemnizaciones millonarias a las que se enfrenta la Generalitat.