10 trabajadores reconocen la trama de Imelsa y Rus trata de bloquear el juicio

Diez trabajadores han reconocido recibir una nómina sin trabajar, los denominados contratos "zombi" de Imelsa, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia. De este modo, que se produjeron contratos falsos entre 2004 y 2014 queda probado. En un intento de bloquear el juicio, el presunto cabecilla de la trama, el expresidente de la institución provincial Alfonso Rus, ha solicitado la nulidad de toda la causa alegando que la prueba de los audios con conversaciones que iniciaron la investigación están manipulados. 

Durante la primera vista del juicio que investiga las piezas B y F del caso Taula-Imelsa y en el que están imputados 26 cargos públicos del PP y del PSPV, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que diez trabajadores ya han llegado a un acuerdo y ya han devuelto cerca de 200.000 euros. Dichos trabajadores están citados a declarar. Uno de estos "zombies", Francisco Javier Cañizares, ha sorprendido en el juicio confesando que su abogada le conducía a "mentir" y ocultar que trabajaba en el partido socialista, por lo que ha solicitado un abogado de oficio. 

Por su parte, el expresidente Alfonso Rus, quien por cierto ha abandonado la sala durante un momento causando perplejidad e indignación al tribunal, ha solicitado la nulidad del juicio. Su defensa sostiene que los audios comprometidos que entregó la actual consellera Rosa Pérez Garijo a la Guardia Civil "están manipulados" y se han "vulnerado derechos fundamentales".  Contrariamente, la Fiscalía apunta a que "no están manipulados" y solicita la intervención en el juicio de un agente de la UCO. Cabe recordar que estas conversaciones son fruto de las grabaciones que el propio exgerente de la empresa, Marcos Benavent, grababa por si algún día se destapase la trama, como ha sucedido. Curiosamente, el pen drive llegó a manos de Garijo, quien denunció las irregularidades. 

Finalmente, el tribunal ha aceptado tanto la petición del fiscal como el informe de un perito informático para analizar la posible manipulación del lápiz de memoria de Garijo y otro similar proveniente del suegro de Benavet, también conocido como 'yonki del dinero'.

Por estos hechos, Rus se enfrenta a 12 años de prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial, aunque a su llegada a la Ciudad de la Justicia se ha mostrado "muy tranquilo" y ha insistido en su inocencia.