Un informe revela que Oltra lleva años impidiendo investigaciones por su gestión

Hay un argumento que llama poderosamente la atención entre todas las acusaciones lanzadas por la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, para insinuar que la Sindicatura de Greuges ha emprendido una especie de campaña de difamaciones contra su gestión. En concreto, reprochó a la institución dirigida por el socialista Ángel Luna haber iniciado la investigación sobre siete centros de menores tutelados por la Generalitat a finales de enero de este mismo año, cuando se producía la tercera ola de la pandemia y “todos los recursos iban dirigidos a hacer frente al virus como gato panza arriba". 

Según la líder pública de Compromís, este hecho ha dificultado que su Conselleria pudiese entregar toda la información requerida en tiempo y forma, así como poder cumplir con los requisitos exigidos. Aunque aparentemente pueda resultar creíble, no estamos ante una excepción. Mónica Oltra lleva años convirtiendo la opacidad en una práctica habitual para obstaculizar la labor del Defensor del Pueblo valenciano e impedir indagar en una posible administración negligente.

En un informe remitido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a principios de 2018 sobre quejas ciudadanas por la atención que recibían los menores de edad con problemas de salud mental, el síndic ya advirtió a Oltra de una falta de colaboración reiterada en la investigación “de este u otros expedientes”. Además, le reprende que está en la obligación de entregar la documentación requerida en plazo y que contenga, expresamente, “datos actualizados” del expediente solicitado. “Esta actitud merecerá ser destacada en la sección correspondiente del Informe anual que esta institución presenta, y llegado el caso se evaluará la posible emisión de un informe especial ante Les Corts valencianes”, manifestaba el síndic.

En el caso particular de dicho escrito, se habían detectado posibles déficits estructurales, funcionales y de coordinación, de los dispositivos sanitarios, sociales y educativos, que dificultaban la atención a menores con problemas mentales. Esta prueba pone de relieve que la obstinación de Oltra contra la institución ya se producía mientras la dirigía el anterior síndic José Cholbi Diego, quien ostentó el cargo entre el 6 de marzo de 2009 y el 28 de noviembre de 2019.

No en vano, el actual responsable también denuncia la “intromisión” de la Conselleria en la investigación sobre los centros de menores y  el afán por impedir el trabajo. De la argumentación de Ángel Luna se desprende que el interés de la vicepresidenta era controlar toda la información que pudieran aportar los directores de los centros de menores y, presuntamente, reelaborar y completar las respuestas aportadas.

Por ello, la Sindicatura visitará personalmente los siete centros objeto de estudio en el presente procedimiento para conocer, de primera mano, la situación de los menores y las características del funcionamiento de los citados centros. Esta visita se realizará por personal técnico del Síndic de Greuges e incluirá la entrevista personal y privada con todos los directores y directoras de los centros de menores de la Generalitat. En última instancia, el síndic convocará a la directora general de Infancia y Adolescencia para «examinar las actuaciones llevadas a efecto en el transcurso del presente procedimiento de queja».