Peramato maniobra para frenar a Aldama y desata otro incendio judicial sobre Sánchez
Según Libertad Digital, la fiscal general mueve ficha para intentar romper la colaboración del empresario con Anticorrupción en pleno caso Koldo, mientras el Gobierno teme el alcance de su declaración y de la documentación ya entregada al juez
Pedro Sánchez atraviesa uno de sus momentos más comprometidos. Con el caso Koldo avanzando, los informes de la UCO estrechando el cerco y el desgaste político en aumento, una información publicada por Libertad Digital sitúa ahora el foco sobre la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Según ese medio, estaría maniobrando para intentar romper la colaboración de Víctor de Aldama con la Fiscalía Anticorrupción, un extremo que vuelve a disparar las sospechas sobre la actuación del Ministerio Público en una causa de enorme impacto político.
Libertad Digital sitúa a Peramato en el centro de la maniobra
La información publicada por Libertad Digital ha encendido todas las alarmas en el ámbito político y judicial. Según ese diario, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, estaría presionando al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, para torpedear la colaboración de Víctor de Aldama, uno de los principales implicados en la trama.
La maniobra llega en un momento especialmente delicado. Aldama lleva meses aportando información a la Justicia y su disposición a colaborar ya le ha reportado beneficios procesales. Aunque desde Anticorrupción recuerdan que no existe un acuerdo formal firmado con él, también admiten que toda la documentación y los datos que ha ido facilitando están siendo analizados.
Eso es precisamente lo que, de acuerdo con la información de Libertad Digital, estaría provocando inquietud en las alturas del poder: que Aldama siga tirando de la manta y que esa colaboración termine teniendo consecuencias directas para el entorno del Gobierno.
El testimonio de Aldama inquieta al Gobierno
Víctor de Aldama se ha convertido en una pieza especialmente incómoda para el sanchismo. No solo por lo que ya ha venido diciendo, sino por lo que podría ratificar ante el juez. Y ahí radica la clave de este nuevo episodio.
La diferencia en las peticiones de pena refleja bien su papel en la causa. Mientras la Fiscalía solicita 24 años para José Luis Ábalos y 19 para Koldo García, para Aldama la petición se sitúa en 7 años y medio. Esa distancia responde, en buena medida, al valor que puede tener su colaboración para el esclarecimiento de los hechos.
Según la citada información de Libertad Digital, el temor en Moncloa y en sectores afines sería que, cuando llegue el momento decisivo, Aldama refrende en sede judicial acusaciones y datos de enorme gravedad. Porque una cosa es hablar fuera del juzgado y otra muy distinta hacerlo delante del magistrado, con documentos y bajo responsabilidad penal.
Otra sacudida para Sánchez en plena tormenta judicial
La publicación de Libertad Digital devuelve además al primer plano una cuestión especialmente sensible para Pedro Sánchez: la imagen de una Fiscalía alineada con los intereses del Gobierno. Una sospecha que vuelve a cobrar fuerza en un momento en el que cada movimiento judicial alrededor del caso Koldo tiene una lectura política inmediata.
A ello se suma la relevancia del material que Aldama habría puesto ya en manos del juez. Distintas informaciones apuntan a que habría entregado documentación comprometedora sobre presuntos pagos irregulares, una derivada que podría ampliar todavía más el alcance del escándalo.
Por ahora, todo ello deberá confirmarse en sede judicial. Pero el simple hecho de que Libertad Digital sitúe a Peramato como protagonista de una operación para desactivar a Aldama evidencia hasta qué punto el testimonio del empresario se ha convertido en una amenaza para la estabilidad política de Sánchez y para el relato del Gobierno en uno de los casos más explosivos de la legislatura.