El Juez Villegas avisa del callejón sin salida en Ceuta: “No hay derecho a violar nuestras fronteras”

El juez Jesús Villegas ha vuelto a poner el foco en Ceuta y en lo que define directamente como una invasión del territorio español. En su nuevo análisis en ES de Eley, el magistrado insiste en una cuestión que considera esencial: ¿qué pasaría si decenas de miles de personas entraran en la ciudad autónoma y, en lugar de marcharse, decidieran quedarse?

La pregunta no es retórica. Para Villegas, España se encontraría ante un auténtico callejón sin salida jurídico. La legislación actual no permite deportaciones masivas ni expulsiones colectivas. Cada persona tendría que someterse a un procedimiento individualizado de expulsión o devolución, lo que, ante una entrada de 70.000 personas, sería en la práctica inviable.

Mientras tanto, esas personas tendrían que comer, dormir, recibir asistencia sanitaria y ser atendidas por el Estado. Y ahí el juez plantea el problema con crudeza: ¿dónde se las aloja? ¿Qué se hace con la población española de Ceuta? ¿Quién asume las consecuencias de una crisis creada por una frontera incapaz de contener una entrada masiva?

“No puede haber deportaciones masivas”

Villegas responde también a quienes, desde las redes sociales, culpan a los jueces de la situación. El magistrado es claro: los jueces aplican las herramientas que les da la ley. Si la legislación nacional e internacional impide expulsiones colectivas, un juez que las acordara estaría prevaricando.

El juez rechaza igualmente las soluciones “por las bravas”. Expulsar sin procedimiento, “dar una patada” y devolver a personas al otro lado de la frontera sin garantías legales convertiría a España, según advierte, en un Estado criminal internacional. Para Villegas, esas frases pueden sonar contundentes en una tertulia o en una conversación de café, pero no resisten un análisis jurídico serio.

La conclusión es incómoda: España tiene un problema enorme, pero no puede resolverlo saltándose sus propias leyes. Y esa es precisamente la grieta que, a juicio del magistrado, debería obligar a una reflexión legislativa profunda.

El estado de excepción como posible herramienta

Villegas plantea entonces una figura jurídica concreta: el estado de excepción. Recuerda que la Constitución contempla tres niveles de respuesta ante situaciones de crisis: alarma, excepción y sitio. El estado de alarma se utilizó durante la pandemia; el estado de sitio estaría pensado para escenarios de guerra o violencia generalizada. Entre ambos, el juez sitúa el estado de excepción como una fórmula que podría encajar mejor en una crisis como la de Ceuta.

No sería una solución mágica ni permitiría deportaciones masivas, pero sí podría facilitar la gestión de la emergencia. Villegas explica que permitiría limitar determinados derechos fundamentales, como la libertad deambulatoria o el derecho de reunión, establecer confinamientos en áreas concretas, fijar toques de queda y articular procedimientos de expulsión más rápidos.

La clave, según su análisis, estaría en que el estado de excepción permitiría reaccionar con más agilidad ante quienes alterasen el orden público o incumpliesen las medidas fijadas por el decreto correspondiente.

Identificación, asilo y menores: los grandes obstáculos

El juez pone sobre la mesa uno de los problemas clásicos de la inmigración ilegal: la identificación. Muchos inmigrantes llegan sin documentación o se deshacen de ella, lo que dificulta enormemente cualquier procedimiento de devolución. En un estado de excepción, sostiene Villegas, podrían imponerse requisitos más estrictos de identificación, de forma que la obstrucción dejara de beneficiar al infractor y pasara a tener consecuencias jurídicas.

Pero el magistrado también advierte de los límites. Si los inmigrantes solicitan asilo, España tendría que tramitar esos procedimientos. Y si se trata de menores, debe primar siempre el interés superior del menor. Es decir, si lo mejor para el niño es quedarse en España, no habría vuelta de hoja: habría que aplicar la ley.

Por eso Villegas insiste en que no se puede improvisar. Si España se enfrenta a una situación de guerra híbrida o presión migratoria masiva, necesita instrumentos legales más flexibles y preparados de antemano.

Marruecos y el tratado de 1992

Otro punto clave es el destino de las expulsiones. ¿A dónde se envía a quien no puede permanecer en España? Villegas recuerda que existe un tratado con Marruecos de 1992 que, en teoría, permitiría que el país vecino acogiera no solo a sus nacionales, sino también a inmigrantes procedentes de otros países.

El problema, según el juez, es que Marruecos no está prestando toda la colaboración que sería necesaria para aplicar eficazmente ese marco. De ahí que Villegas reclame un Gobierno español fuerte, capaz de poner el puño sobre la mesa dentro de los límites de la legalidad nacional e internacional.

A su juicio, España dispone de medidas diplomáticas, económicas y estratégicas que podrían incomodar seriamente a Marruecos. El problema no sería tanto la falta de instrumentos, sino la falta de voluntad política para utilizarlos.

La frontera que pudo blindarse

El tramo más duro del análisis llega cuando Villegas habla de prevención. Para el juez, la mejor solución no es reaccionar cuando la crisis ya ha estallado, sino impedir que se produzca. Y ahí carga contra las autoridades por no haber blindado adecuadamente la frontera de Ceuta.

Villegas asegura que ha estado muchas veces sobre el terreno y que técnicos le han transmitido que existen medios para levantar barreras mucho más eficaces. Si no se han instalado, sostiene, ha sido por motivos de prestigio, propaganda, corrección política o imagen.

El juez no oculta su indignación: España ha mantenido, según su diagnóstico, un sistema fronterizo insuficiente y luego se sorprende cuando la crisis estalla. “Tenemos lo que nos merecemos”, viene a advertir, al señalar que si había medios técnicos para proteger mejor la frontera y no se utilizaron, la responsabilidad recae en quienes no quisieron hacerlo.

Solidaridad con los ceutíes

Villegas cierra su análisis con una idea que atraviesa todo el discurso: la prioridad deben ser los ceutíes. El juez insiste en que los derechos humanos de los inmigrantes deben respetarse siempre, pero recuerda que no existe un derecho a la inmigración ilegal ni a violar las fronteras de un país.

Su solidaridad, subraya, está con los vecinos de Ceuta, que están sufriendo las consecuencias de una política que no han decidido ellos. Hoy son los ceutíes, advierte; mañana podría ser cualquier otro territorio español.

El mensaje final es claro: España no puede seguir afrontando una crisis de esta magnitud con parches, miedo político y fronteras vulnerables. Villegas pide legalidad, firmeza y prevención. Porque, si el Estado no protege sus fronteras y no prepara herramientas jurídicas para situaciones extremas, la próxima crisis puede volver a dejar a Ceuta sola ante el caos.