El juez Villegas pone el foco en los contratos de Transportes: qué podría complicar a Puente

El juez Jesús Villegas ha señalado el escenario que, a su juicio, podría cambiar el análisis sobre una eventual responsabilidad penal de Óscar Puente tras los accidentes ferroviarios de Córdoba y Toledo: que se acreditasen contrataciones realizadas a sabiendas con empresas que no reunían los requisitos necesarios para tareas de mantenimiento o seguridad. En su nueva intervención en "ES de Ley", el programa de los sábados de ESdiario TV, el magistrado considera "muy difícil" atribuir al exministro responsabilidad criminal por los siniestros, pero evita cerrar la puerta a lo que puedan revelar las investigaciones.

Villegas comienza trasladando sus condolencias a las víctimas y sus familias. A partir de ahí, distingue el reproche político por la gestión de Transportes de las exigencias necesarias para atribuir un delito. Insiste en que ese examen debe hacerse "con la cabeza bien fría", incluso cuando quien lo realiza discrepa profundamente de las formas y de la actuación del exministro.

El límite penal

El magistrado explica que una eventual acusación por no haber evitado los accidentes exigiría concretar qué debía hacer Puente, qué obligación específica incumplió y cómo se relaciona esa conducta con el resultado. Alude a la posición de garante, es decir, al deber jurídico especial de protección que puede fundamentar una responsabilidad por omisión.

El Código Penal exige, para equiparar una omisión a la causación de un resultado, la infracción de un deber jurídico especial y otros requisitos. Su artículo 142 regula el homicidio imprudente. La responsabilidad no se deriva automáticamente del cargo: debe analizarse la conducta individual y su relación con los hechos.

Por eso, Villegas rechaza remontar indefinidamente la cadena de decisiones hasta convertir cualquier deficiencia del servicio en una imputación penal al responsable político. "La veo muy difícil", afirma sobre esa posibilidad, aunque precisa que su valoración depende del estado de las pesquisas.

Los contratos, clave

Su planteamiento cambia cuando introduce la hipótesis de adjudicaciones conscientemente irregulares. Si se hubieran contratado empresas sin las condiciones necesarias para mantener las vías, las instalaciones o los equipos, y se hubiera actuado a sabiendas por amiguismo o influencias, el análisis sería otro. "Esto ya podría abrir un escenario diferente", sostiene.

Es una advertencia condicional. La intervención no identifica una adjudicación concreta ni aporta una conclusión pericial que vincule un contrato con las tragedias. Para atribuir responsabilidad por los accidentes habría que determinar las actuaciones de cada implicado y acreditar su relevancia penal y su conexión con los siniestros.

El escudo del Gobierno

Junto al razonamiento jurídico, Villegas ofrece una lectura de la salida de Puente del Ejecutivo. Sostiene que el Gobierno lo utilizaba como un "chivo expiatorio", un "escudo" que recibía los golpes para evitar que las críticas alcanzasen a otros dirigentes.

El juez recuerda que ya había desarrollado esa idea en un artículo de opinión publicado en Confilegal en 2025. En aquel texto describía a Puente como una figura útil al Gobierno por su tono público y anticipaba que terminaría apartado cuando lo aconsejasen las expectativas electorales. Ahora interpreta su dimisión desde esa misma perspectiva.

En el programa asegura que llegó a sentir compasión por el papel que, según su análisis, desempeñaba el entonces ministro. Esa consideración personal convive con una crítica muy severa a sus formas y a la gestión ferroviaria durante su mandato.

Retrasos y descalificaciones

Villegas también habla como usuario habitual del tren. Relata retrasos continuos y un deterioro de las condiciones de viaje que compara con su experiencia de años anteriores. Presenta esas observaciones como vivencias personales, sin convertirlas en una explicación técnica de las causas de los accidentes.

Además, recuerda las descalificaciones que afirma haber recibido de Puente y asegura que no tiene intención de denunciarlo. Su reproche más amplio se dirige a lo que considera una degradación del lenguaje político: mensajes incendiarios, hostilidad y una pérdida de respeto que, a su juicio, empeoran el clima público.

El magistrado termina definiendo a Puente como "un ejemplo de lo que no hay que hacer". Mantiene, al mismo tiempo, que una valoración crítica de su trayectoria no sustituye las pruebas necesarias para atribuirle responsabilidad penal por las tragedias ferroviarias.