Descubren en los cajones de Oltra facturas millonarias sin pagar para ancianos

El denominado Pacto del Botànic, el acuerdo de gobierno suscrito por el tripatito valenciano que forman PSPV, Compromís y Podemos, quedó renovado a principios de este año con la firma de un documento de 220 compromisos -en el pacto inicial constaban 37-, algunos de ellos más cercanos a la esfera del deseo que a la de la realidad.

La ampliación del acuerdo incluía la modernización y simplificación de los procesos administrativos. Semanas después, la falta de previsión, unida a los errores burocráticos y de contabilidad en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, han dejado sin cobrar a la mayoría de empresas y ayuntamientos que gestionan residencias y servicios a personas dependientes de la Comunidad Valenciana.

Las deudas se acumulan desde enero y en el mejor de los casos las empresas cobrarán en julio

Se les adeudan facturas desde enero y no está previsto que el grueso se pueda cobrar, en el mejor de los casos, hasta julio, según confirmó a ESdiario el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, José María Toro, tras la reunión con la secretaria autonómica de Servicios Sociales, Helena Ferrando. Seis meses de retraso y decenas de millones de euros pendientes, según fuentes del sector.

El alcalde de  Ayora, José Vicente Anaya, aprovechó su participación en la tertulia matinal de la emisora 99.9 para reprochar a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas falta de diligencia en la gestión. Un "error", dijo, ha dejado sin incluir las facturas pendientes  para ser pagadas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Ayora cuenta con un centro mixto integrado por una residencia para mayores, un centro ocupacional y una residencia para discapacitados. La deuda supera hasta la fecha el medio millón, lo que supone un merma para la tesorería del Ayuntamiento.

La ley para evitar la morosidad en las administraciones públicas fija un plazo máximo de pago de 30 días para las facturas. La Conselleria de Hacienda incluyó el mes pasado casi 35.000 facturas pendientes de pago a proveedores por un importe superior a los 296 millones de euros con cargo al último FLA. Tan sólo una mínima cantidad fue para pagar a las empresas privadas que tienen concertadas plazas con la Administración autonómica o residencias propiedad de la Generalitat de gestión municipal.

Una "gestión ineficiente"

La infrafinanciación de la Comunitat Valenciana ha sido denunciada por todos los partidos, incluido el PP. Con todo, la discusión se centra en la falta de dotación presupuestaria para hacer frente a los servicios sociales. La Conselleria de Oltra incrementó de forma significativa el presupuesto de este año para Igualdad y Políticas Inclusivas. Pese a ello, los retrasos de seis meses en los pagos a las entidades que gestionan centros y servicios de la Generalitat o aquellos que tienen plazas concertadas es, según Aerte, la clara muestra de una "gestión  ineficiente de la consejería, tanto en la contabilización de las facturas como en la formalización de los nuevos contratos".

Coincidiendo con las críticas, la Administración anunció el pago inminente de 23 millones de euros, que tan solo cubre una parte de la deuda total. La patronal  reclama que el pago de los servicios debe realizarse con cargo al presupuesto ordinario y "en ningún caso puede estar condicionado a los préstamos del Gobierno central a la Generalitat  través del FLA. Esta situación provoca inestabilidad y graves problemas económicos para las empresas", concluyó Toro.