01 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La Fiscalía auxilia al Gobierno para tapar sus negligencias en la epidemia

Dolores Delgado, cuando estaba en el Gobierno de Sánchez

Dolores Delgado, cuando estaba en el Gobierno de Sánchez

Dolores Delgado hace el trabajo para el que fue elegida e intenta silenciar las razonables denuncias de médicos, enfermeras y hasta víctimas de una gestión deplorable.

 

La Fiscalía va a salir en auxilio del Gobierno rechazando la veintena de denuncias y querellas interpuestas contra su gestión, negligente y dañina, de la pandemia. La titular de la institución, Dolores Delgado, cumple así con el principal cometido que le encargó Pedro Sánchez cuando la nombró, directamente salida del Ministerio de Justicia.

Aunque Delgado ha intentado disimular su intervención, delegando en su número dos el trabajo de informar de su posición al Tribunal Supremo, su mano es evidente y se se plasmó en su negativa a convocar a la Sala de fiscales al completo, donde el debate hubiera sido muy intenso y el resultado, tal vez, otro bien distinto.

Lo que la Fiscalía viene a decir de las denuncias de médicos, enfermeras y víctimas es que no existe responsabilidad del Gobierno en la dimensión alcanzada por la epidemia en España, muy superior a la del resto del mundo. Un argumento insólito que ignora los efectos superiores y prescinde de todo análisis riguroso de las causas.

 

Para la Fiscalía, al parecer, que España haya sufrido y sufra la mayor mortalidad del mundo, y el contagio más masivo, es una casualidad. Y no el fruto de la demostrada indiferencia del Gobierno a las alertas internacionales que otros países sí atendieron y gracias a ello padecen menos estragos.

 

 

Que la negligencia de Sánchez sea o no materia penal es discutible. Pero que sus errores, improvisaciones y chapuzas exigen una aclaración, también. Y para eso debiera aprobarse una Comisión de Investigación en el Congreso, donde se detectaran los fallos, se analizaran las razones y se dirimieran, cuando menos, responsabilidades políticas.

Es lamentable que, frente al derecho a saber que asiste al ciudadano en una democracia sana; el Gobierno contraponga la obligación de callar, y movilice todos sus recursos, incluida la invasión de otros poderes, para extender una inaceptable manto de silencio.

Que tal vez le sirva para salvarse a título legal o político, pero difícilmente le librará de la sanción pública que ya está instalada en la calle. Porque allí, por muchas trapacerías que despliegue Moncloa, si está instalada la idea de que se llegó tarde y mal por razones ideológicas. Y, sobre todo, se paga el precio de esa actitud, en vidas humanas y estabilidad económica. Nadie lo va a olvidar, pues, por mucho empeño que le ponga el Gobierno en borrar las huellas de sus desastres.

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