El futuro de Puigdemont: banquillo o fuga

El Tribunal Constitucional no puede adoptar medidas ilegales, obviamente, y ya de entrada basta con esa certeza inapelable para entender, acatar y defender su decisión con respecto al procedimiento con que Puigdemont, un prófugo de la Justicia española, puede intentar ser investido presidente de la Generalitat tras unas elecciones que no ganó.

Sorprende la miriada de juristas sobrevenidos que, frente a un desafío ilegal constante del soberanismo, invierten más tiempo en discutir las decisiones de la Justicia española o del Senado, perfectamente reglamentarias en un caso y en el otro además netamente democráticas, que en contextualizar los excesos separatistas y entender la imperiosa necesidad de frenarlos con las normas del Estado de Derecho en la mano.

En España se ha generado un debate absurdo, desde determinadas trincheras ideológicas y mediáticas, sobre las decisiones de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y, ahora, del Constitucional; colaborando decisivamente a blanquear el discurso soberanista sobre una inexistente represión conspiranoica que derriba la separación de poderes y somete a los tribunales al arbitrio caprichoso del Gobierno.

Que una tras otra todas las instancias judiciales hayan coincidido en la respuesta legal al Golpe debería, cuando menos, hacer reflexionar a quienes han prestado cobertura a los partidos, dirigentes y entidades convencidos de que saltarse la ley es un derecho y aplicarla, por contra, un abuso. Es al revés.

Sentido común

Las consecuencias políticas de la decisión del TC están, por lo demás, llenas de sentido común: si Puigdemont quiere intentar su investidura, debe personarse ante el juez y después ante el Parlament. Dos hitos que nadie en su sano juicio puede discutir sin zaherir un concepto de la democracia que no existe si apego al procedimiento: ninguna razón justifica que un prófugo con orden de captura nacional pueda esquivar al Tribunal que le enjuicia; y ninguna epopeya política artificial puede incluir la gestión de una Comunidad autónoma sin estar presente.

ERC ya no puede simular más que apoya a Puigdemont para no parecer menos soberanista

Que Puigdemont encuentre en ambos hitos un inconveniente no es consecuencia de la perversa manipulación de las herramientas del Estado; sino efecto de sus reiterados actos delictivos y de su sistemática desobediencia a los mecanismos democráticos: tan obvio es que no se le cerca por independentista que, mientras él sigue huido en Bruselas y otros cabecillas en prisión; el separatismo va a volver a elegir presidente en unos días y sus ideas seguirán esparciéndose por doquier sin problema. Pero dentro de un marco concreto.

Al banquillo

El melodrama de Puigdemont está cerca de llegar a su fin, al menos en el ámbito institucional. Y la sobreactuación de ERC, que ha mantenido un respaldo ficticio al president en el exili aunque ya no le quería para no parecer menos independentista, también.

El futuro de este irresponsable dirigente es el banquillo o el extranjero, lo que en sí mismo resume la pavorosa esencia del procés: nadie ha ganado nada, pero todos han perdido en términos de estabilidad, progreso económico, convivencia y respeto. Y esa herida, muy profunda, tardará mucho en cicatrizar: para que empiece a hacerlo, Puigdemont debe estar fuera de juego. Y a ser posible, en un juzgado.