Dos altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez denunciados por malversación

La síndica adjunta del PPCV en las Corts Valencianas, Eva Ortiz, ha presentado una querella en Juzgado de Instrucción de Elche contra el exalcalde ilicitano  y actual director del Sepes, Alejando Soler ,y contra Federico Buyolo García, que en la actualidad es director de la Oficina Alto Comisionado para la Agenda 2030 en Gobierno de España, por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ambos son altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez y en aquella época, 2008, eran concejales del PSOE en la ciudad de las palmeras y han sido investigados (imputados).

Esta denuncia se extiende también a los ediles socialistas en Elche en aquella época, Alejandro Pérez, Emilio Martínez, Santiago Luis Ule y Jorge Llopis, y a Àngels Candela, de Compromís, que gobernaba en coalición con el PSOE. Todos los concejales integraban la Junta de Gobierno.

Eva Ortiz expone al juez, tras aportar una serie de documentación sobre una operación en el Elche Parque Empresarial, que los querellados participaron en un plan preconcebido que tenía como objetivo que HospiElche, sociedad integrada en el grupo Hospimar 1998, que gestionaba el hospital de Levante en Benidorm, se hicieran con la propiedad de una parcela de titularidad pública (propiedad del Ayuntamiento de Elche).  Ello sin que se tramitara el procedimiento administrativo que era preceptivo (mediante el que se habría asegurado la aplicación de los principios de concurrencia y publicidad y el cumplimiento de la normativa urbanística valenciana).

La querella expone que en la tramitación para adquirir la parcela se vulneran los principios de concurrencia y publicidad y el cumplimiento de la normativa urbanística valenciana

Para ello, decidieron formalizar una ampliación de capital de una sociedad mercantil de titularidad pública (pero regida por derecho privado), con el fin de que el Ayuntamiento transmitiese, mediante aportación, la parcela que se enajenaría a HospiElche, que vendieron directamente desde Pimesa gracias a la ausencia de controles administrativos. Se debe tener en cuenta que ya con anterioridad a que la parcela fuera aportada por el Ayuntamiento de Elche a Pimesa se sabía que ésta se transmitiría a HospiElche.

Esta actuación supone un claro fraude de ley que tenía como objetivo, sencillamente, eludir cualquier control administrativo en la enajenación de la parcela (que no podría haber sido vendida directamente por parte del Ayuntamiento a Hospielche), según la querella de Ortiz.

Enajenación patrimonio público

Además, Pimesa no respetó las limitaciones que le eran exigibles en virtud de lo dispuesto en la legislación urbanística valenciana en relación con la enajenación de Patrimonio Público de Suelo, sino que vendió directamente a HospiElche, pese a que debió haber convocado un concurso público o haber enajenado mediante subasta.

Para la síndica del PP, de la narración de hechos que han resultado además acreditados documentalmente, se desprende con total contundencia la existencia de indicios de criminalidad que justifican la incoación de diligencias previas en las que se investigue la actuación de los querellados, así como de cualquier otra persona que haya podido intervenir en los hechos.