La AN airea parte de los "secretos" de Villarejo y mucha gente se pone nerviosa

Cuando la Policía desató la llamada operación Tándem, que acabó con la detención y encarcelamiento del hasta entonces poderosos comisario José Manuel Villarejo, muchos compañeros del superpolicía advirtieron que, por fin, se iba a abrir "la tapa de las cloacas del Estado".

El tiempo ha dado la razón a estos policías. El Rey Juan Carlos, el exjuez Baltasar Garzón, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el expresidente Felipe González o la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, saben bien como las gasta Villarejo. Y, ahora, parte de las investigaciones judiciales y policiales sobre las andanzas del polémico excomisario, pueden ver la luz.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este miércoles el levantamiento del secreto de la citada operación Tándem, toda salvo para la parte documental encriptada del material incautado al comisario jubilado y en prisión.

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El tribunal ha decidido así estimar sólo en parte el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso al levantamiento del secreto acordado por el juez instructor, Diego de Egea, pero sólo en lo que respecta a la parte encriptada. Las partes personadas en la causa sí podrán tener acceso al resto de la documental, ya sea en soporte papel o digital. Y a buen seguro que ésta llegará a los medios de comunicación.

El juez Diego de Egea justificó levantar el secreto porque había "transcurrido un determinado tiempo desde el inicio del procedimiento" sin que los principales investigados de la causa, Villarejo y quien fuera su abogado, Rafael Redondo, hubieran tenido "aún conocimiento" de los hechos objeto de instrucción.

Para Anticorrupción, estaba "justificado" el "impedir el conocimiento de las diligencias que se hubieran practicado y las que pudieran practicarse, así como la posibilidad de intervenir en ellas" para seguir las indagaciones "sin interferencias o posibles manipulaciones dirigidas a obstaculizar la averiguación de nuevos hechos o el ocultamiento de bienes procedentes del delito".

Advertía también que levantar el secreto conllevaría "la desaparición de las cautelas" que había puesto el propio juez instructor en el mes de enero, cuando ordenó que la Policía Judicial informase de todo lo que encontrara en el análisis del material informático que pudiera "comprometer la seguridad del Estado" o afectar a sus instituciones.

Además, argumentaba que tener parte del material incautado encriptado "perturbaba" la investigación y "no era desdeñable pensar que que el acceso a la documentación localizada en los registros" por parte de los investigados "les permitiría fácilmente la apertura y destrucción" de esa información que aún permanecía oculta para los investigadores.