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La UDEF vuelve a la Diputación de Valencia por la operación Alquería
El juez ha autorizado a la Policía para que complete la documentación intervenida en las entradas y registros autorizados en junio. La causa afecta a cargos socialistas y de Compromís .
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han personado este martes en la Diputación de Valencia, su empresa pública Divalterra, y el Ayuntamiento de Ontinyent para buscar correos electrónicos de investigados en la operación Alquería, en la que en junio fue detenido el entonces presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez (suspendido cautelarmente de militancia del PSPV); dos exasesores suyos -Ricard Gallego y Manuel Reguart- y tres altos cargos de Divalterra -el director gerente, Xavier Simó; el secretario letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda y la excogerente de la empresa pública, Agustina Brines.
La causa sigue bajo secreto de sumario, después de que se iniciara tras la denuncia de Fiscalía Anticorrupción de Valencia y está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El juzgado investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, "no se trata de una entrada y registro".
En el marco de la llamada 'Operación Alquería', el 27 de junio los agentes de la UDEF practicaron registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa). El magistrado instructor autorizó también la entrada y registro en cuatro viviendas particulares: la del entonces presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.
Jorge Rodríguez, que sigue siendo alcalde de Ontinyent, y el resto de investigados defienden la legalidad de las contrataciones y el hecho de que se realizaran por libre designación. Y esgrimen la existencia de cuatro informes jurídicos que los avalaron, incluido uno elaborado por Carlos Alfonso, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Los imputados consideran que, en caso de haber cometido alguna infracción, habría sido en el terreno administrativo.
El PP dice que "Puig está empeñado en blanquear en sus listas la presunta corrupción de Rodríguez"
La portavoz del PP de la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, está "empeñado en blanquear en sus listas la presunta corrupción de Jorge Rodríguez", expresidente de la corporación y alcalde de Ontinyent (Valencia).
Para la 'popular', "mientras la justicia sigue ampliando la investigación, Puig sigue mirando hacia otro lado y dando cobertura a supuestos corruptos, incluso en sus listas electorales". Contelles ha destacado al respecto que la UDEF ha practicado nuevos registros este martes en las sedes de la Diputación de Valencia, Divalterra y el propio del Ayuntamiento de Ontinyent.
"Los socialistas no solo han perdido la oportunidad de demostrar con hechos sus palabras acerca de tomar medidas firmes frente a hechos presuntamente delictivos como los que se investigan en la operación Alquería, sino que además están organizando actos para ensalzar la figura de Rodríguez como candidato del PSOE a la Alcaldía de Ontinyent", ha advertido.
Y ha recordado que, precisamente este pasado lunes, "Puig reflexionaba acerca de lo que su partido había hecho mal en un intento de explicar la debacle socialista en Andalucía. "Pues ahí lo tiene", ha recalcado: tratar de engañar a los ciudadanos e intentar tapar los casos de corrupción que afectan a su formación, además de una nefasta gestión". A su juicio, se trata de "tres elementos comunes a los gobiernos de Susana Díaz y Ximo Puig".
Por tanto, la portavoz del PP cree que "cuando Puig habla de la hipoteca reputacional, debería pensar en si hacer candidato a una persona investigada por hechos tan graves como los que la justicia imputa a Rodríguez por el simple hecho de un cálculo electoral partidista contribuye o no al desprestigio de la clase política y de la imagen de la Comunitat".
Contelles se ha preguntado así si "esa complicidad que aparentemente muestra Puig con Rodríguez no se debe, además, a cuestiones que quizá el propio Rodríguez conozca y que a Puig le puedan incomodar". "Durante tres años --ha recordado--, el PP ha venido denunciando las irregularidades que hoy se investigan, relacionadas con supuestos delitos de administración desleal, malversación de caudales públicos y prevaricación".
Denuncias que ha subrayado que "provocaron la dimisión de dos cogerentes de Divalterra, como José Ramón Tiller y Víctor Sahuquillo, antes de la detención de Rodríguez y el desmantelamiento de la estructura directiva de Divalterra diseñada por José Manuel Orengo cuando ejercía como jefe de gabinete del propio Rodríguez".
"Ya en ese momento advertimos de que eso era la punta del iceberg de la investigación y que había mucho que mirar en las irregularidades de ciertos contratos", ha aseverado, para recordar que, desde 2016, "el PP ha presentado tres denuncias por presunta administración desleal, malversación y prevaricación en la gestión de la entidad pública, los mismos delitos por los que fueron detenidos Rodríguez y sus colaboradores".
