27 de mayo de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La inaceptable actitud de los taxistas; la pavorosa inacción del Gobierno

 

 

El chantaje a los poderes públicos y el secuestro de la ciudadanía son las dos notas predominantes en la huelga del taxi, aumentada por la imprevisión y desidia del Gobierno central, responsable del incendio institucional que alimenta una hoguera descontrolada.

El escrache anoche a los candidatos del PP por Madrid, en un acto en recuerdo del Holocausto nazi entre lanzamiento de huevos, insultos y gritos de "Sí se puede", confirma además la politización de un conflicto derivado de la irresponsable combinación de la indiferencia del Ejecutivo Central y de la complicidad de alcaldes como Carmena o Colau con un gremio que pretende garantizarse una especie de monopolio y desprecia las necesidades de los usuarios y la evolución del mercado.

¿Es Podemos?

La cercanía de Podemos a los taxistas, a quienes se pretende hacer pasar por una especie de resistencia al dominio de las multinacionales con una imagen simplista o falsa, está probablemente detrás de esa actitud agresiva y callejera, que aleja al gremio de los ciudadanos pero le otorga la fuerza coercitiva habitual para doblar el brazo a las instituciones.

La cercanía de Podemos a los taxistas, a quienes se pretende hacer pasar por una resistencia a las multinacionales con una imagen simplista o falsa, está quizá detrás de esa actitud agresiva

Y ese pulso explica también la inaceptable actitud del Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos, en quien recae legalmente la regulación y convivencia de todos los tipos de transporte terrestre. Que la concesión de licencias de taxi o VTC pueda dependen de ayuntamientos y comunidades (en este último caso por un decreto apresurado y tramposo) no equivale, en ningún caso, a que el Gobierno pueda desentenderse y traspasar una responsabilidad final indelegable.

Sin violencia

Subsanar problemas de origen, como la especulación con unas licencias administrativas que jamás hubieran tenido que estar sometidas a la compraventa, no es sencillo. Pero tampoco prohibir sistemas alternativos en un mundo cambiante, regido por la ley de la oferta y la demanda, que ha provocado reconversiones más y menos traumáticas en todos los sectores.

Encontrar una respuesta razonable a ese dilema es tarea esencial de los poderes públicos. Pero también garantizar el orden, la seguridad y la circulación. No hay justificación posible a la kale borroka que caracteriza el discurso y las decisiones de los líderes del taxi. Y no hay razón para no sofocarla en un Estado de Derecho que, cuando no garantiza la convivencia, se degrada a ritmos acelerados.

Comenta esta noticia
Update CMP