La jugarreta de Sánchez para intentar arruinarle a Casado la convención del PP

Existe una vieja tradición en la política española que dice que cuando un partido político celebra un congreso nacional o una convención relevante, el resto mantienen una agenda de perfil bajo y evitan contraprogramar los focos de esa formación adversaria.

Pero el gobierno de Pedro Sánchez no quiere saber nada de esa vieja costumbre a juzgar por el inoportuno momento, este viernes, elegido por el ministro del Interior para realizar un polémico anuncio.

Fernando Grande-Marlaska ha desvelado este viernes que ha ordenado desclasificar para remitir a los jueces de la Audiencia Nacional nuevas "notas de seguimientos de concretas personas" en el marco de la operación Kitchen, el plan en el que se emplearon presuntamente fondos reservados para que el comisario José Manuel Villarejo sustrajera documentación del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

En la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros, Grande-Marlaska se ha remitido a la investigación en la Audiencia Nacional por "graves delitos de corrupción" para evitar dar nombres sobre los superiores que ordenaron a Villarejo urdir el plan para robar la documentación de Luis Bárcenas, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Precisamente este viernes, horas antes de la Convención Nacional con la que Pablo Casado pretende relanzar el PP, se ha vuelto a desclasificar un nuevo lote de estas "notas de seguimientos" y del material sobre el que ya se levantó el secreto el pasado 7 de diciembre, al objeto de remitirlo a los jueces Manuel García Castellón -que ya disponía de información al respecto- y José de la Mata, este último aún pendiente de un informe completo sobre esta cuestión.

"El Gobierno tiene en cuenta la seguridad nacional pero también la tutela judicial efectiva, actúa a requerimiento judicial para las dos desclasificación y en el marco de causas por hechos absolutamente graves", ha comentado Marlaska, que ha especificado que esos delitos están relacionados presuntamente con "corrupción y utilización de medios públicos ajeno a lo que debe ser la lealtad a la función pública".

Al ser preguntado si se refería al exministro Jorge Fernández Díaz ha respondido que él "no pone personas ni nombres". "Lo tendrá que poner la autoridad judicial como garante del Estado de derecho", ha añadido.