Pedro Sánchez depende para subsistir de inhabilitados, fugados o encarcelados

Quim Torra ya no es presidente de la Generalitat de Cataluña. Su reiterada desobediencia a la Junta Electoral le ha costado el puesto, como él mismo sabía cuando procedió a convertir edificios institucionales en escenarios propagandísticos de una causa ilegal.

La unanimidad del Tribunal Supremo ratifica la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y en ambos casos no enjuicia la condición ideológica del inhabilitado; sino al abuso cometido  desde su posición institucional. Que deriva de la Constitución y hacía de él representante del Estado en Cataluña, con las obligaciones que eso comporta.

El separatismo siempre se fija en los efectos, pero nunca en las causas. Llama derechos a los excesos. Y represión a las consecuencias que luego tienen y que, en este caso, son escandalosas: los tres últimos presidentes de Cataluña están en la cárcel, fugados o inhabilitados; y el patriarca de todos ellos, Jordi Pujol, es el protagonista de uno de los mayores casos de corrupción de la historia.

Por todo ello Cataluña queda ahora, de nuevo, en cuarentena política, sumida en una crisis sanitaria, económica y política fruto del sectarismo independentista y de la despiadada lucha existente en su seno desde hace años.

Un bloqueo eterno

Lo razonable es que hubiera Elecciones, para poner fin a un bloqueo que dura años y ha generado un cisma social, casi familiar, inducido por las mismas instituciones y cargos públicos que debieran velar por justo lo opuesto. Pero no las habrá, probablemente hasta comienzos de 2021, por la subordinación del interés general a las tácticas egoístas de Puigdemont, Junqueras y compañía.

Que estos dirigentes y estos partidos sean decisivos en la gobernación de España, en la estabilidad de su Ejecutivo y en la propia viabilidad de Pedro Sánchez, es un contrasentido insoportable que demuestra una degradación general de la política en el peor momento imaginable para todos.