Los socios de Sánchez siguen pasando la factura más cara por darle La Moncloa

El partido de Oriol Junqueras no quiere la independencia unilateral, pero sólo porque considera tener un camino más sencillo y menos costoso penalmente: conseguir que Pedro Sánchez permita celebrar un referéndum 'legal' para que los catalanes tomen esa misma decisión. Una pretensión que cuenta con el respaldo inequívoco de Podemos y de Ada Colau que supone la enésima factura a pagar por el PSOE tras haber logrado la presidencia con el respaldo de todo el independentismo.

ERC no descarta, en todo caso, promover otra "declaración de independencia" si el Estado persiste en rechazar una negociación sobre el "derecho de autodeterminación de Catalunya" y, por lo tanto, no es posible la celebración de un nuevo referéndum como el del 1-o, pero de manera legal.

Por escrito

Así consta en la ponencia política -la hoja de ruta que determinará la acción del partido en los próximos años- que ERC ha aprobado este domingo en su conferencia nacional, y que ha recibido el visto bueno de la militancia con 511 votos a favor, 6 en contra y 19 votos en blanco.

"Si ante un cierre persistente del Gobierno español no es posible un referéndum de autodeterminación, no se puede descartar una declaración de independencia", resume el párrafo clave de la ponencia, que se ha dado a conocer este domingo tras unos días de negociaciones internas.

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Por si había alguna duda, el actual presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, remató ese anuncio con una reflexión en la que mostraba la plena disposición de su partido a lograr la separación, sin amagos ni escorzos para cubrir el expediente.

"Hasta el final"

Torrent, en esa línea, ha avisado este domingo al resto de partidos independentistas que no son el suyo, ERC, de que no pidan gestos a favor de la república si solo son simbólicos y no son para "ir hasta el final" y hacer efectiva la independencia.

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"Que nadie nos pida gestos simbólicos si no hay una firme voluntad de hacerlos efectivos. Si no es para ir hasta el final", ha proclamado en su intervención en la conferencia nacional que ERC ha celebrado este fin de semana en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat.

La CUP aprieta más aún

Torrent se pronuncia así un día antes de que la Mesa del Parlament tenga que decir si tramita una moción de la CUP que pide que el Parlament se ratifique a favor de la resolución independentista que la Cámara ya aprobó el 9 de noviembre de 2015.

La tramitación de esta moción podría poner en problemas a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament, que preside Torrent, ya que la resolución que la CUP pretende que la Cámara avale de nuevo ya fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Torrent también se ha referido a la polémica que este sábado hubo cuando ERC se atribuyó la principal responsabilidad de haber celebrado el referéndum del 1 de octubre -algo que molestó al PDeCAT-: "El 1 de octubre es de todo el país, pero nuestro también y no estamos dispuestos a renunciar a ello". Todo ello coincide con la histórica complicidad del partido de Pablo Iglesias con la idea de una consulta solo para catalanes, expresada en reiteradas ocasiones y refrendada por su socia Colau:

Hay una España que no es el PP, que quiere dialogar y convencer, no imponer. Gracias @Pablo_Iglesias_ https://t.co/UbDvukVHhr

— Ada Colau (@AdaColau) 19 de octubre de 2017

Las cesiones de Sánchez, el único presidente de una democracia avanzada que ha logrado el cargo sin una mayoría en las urnas, empiezan a acumularse: desde el acercamiento de los presos hasta la adaptación de la Constitución a una supuesta realidad "plurinacional", todo lo sucedido desde su relevo a Rajoy ha ido encaminado a atender a los nacionalistas. Aunque apenas unas semanas antes el ahora jefe del Ejecutivo era partidario de endurecer el 155 y reforzar el delito de rebelión en el Código Penal.

Ilegal e imposible

La celebración de referendos es una potestad exclusiva del Estado, que es prácticamente imposible ceder a una Comunidad Autónoma y menos si el objeto a cuestionar es su organización territorial. Pese a ello, Podemos y ERC han hecho pinza para reclamar la consulta, cuyos resultados tampoco tendrían ningún efecto legal en el caso de que hipotéticamente llegara a organizarse y además saliera un 'Sí' mayoritario en favor de la independencia.

Y es que el mecanismo legal para obtener la separación de una parte de España hace inviable lograrlo con la participación exclusiva de los catalanes. Haría falta una reforma de la Constitución aprobada por dos tercios del Congreso, la convocatoria de unas Elecciones Generales, la ratificación de nuevo de esa modificación por otro 66% de los diputados y, finalmente, la convocatoria de un referéndum nacional en el que todos los españoles tendrían derecho a participar.

La cuestión es cómo hace Sánchez para contentar a quienes le dieron el cargo sin comprometerse a cesiones que, ni en el caso supuesto de entrar dentro de sus propios gustos, tiene capacidad para imponer: ni los apenas 84 diputados de su grupo parlamentario ni la Constitución se lo permiten, pero la esperanza del nacionalismo de lograr algo con él estuvo en la base de su respaldo a la moción de censura. Y ahora quieren cobrárselo casi a diario.