Caso Alquería: Mensaje al PSOE de la mano derecha del expresidente de diputación

Jorge Rodríguez y Ximo Puig.

Jorge Rodríguez y Ximo Puig.

La declaración a petición propia del jefe de gabinete del ex presidente de la Diputación de Valencia puede cambiar el relato del denominado caso Alqueria.

El caso Alquería arrancó sobreactuado como otras tantas investigaciones en las que el ruido no ha correspondido con las nueces. El despliegue policial, con registros y detenciones -la más sonada la del presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez-,  apuntaba a una “vendetta” interna socialista contra un líder emergente y a los estertores de un Gobierno ahorcado por la Gürtel. Conforme van pasando ante el juez los testigos de las defensas y conociendo los detalles que aportan los investigados se va abriendo un poco más el foco. 

La comparecencia a petición propia del jefe de gabinete de Jorge Rodríguez, el periodista Ricard Gallego, da pie reconfigurar la versión inicial y la investigación de la UDEF y el fiscal, tras un despliegue propio de delito antiterrorista. ¿Con tanto jurista, interventor, gerente y tantas auditorías tenía que ser el presidente el tenía que estar pendiente de la empresa pública?, vino a preguntarse el periodista ante el juez.

El actual jefe de gabinete de Rodríguez en Ontinyent ha recordado que el reparto del gobierno y de la empresa, incluidos los altos cargos, estaba cerrado entre PSOE y Compromís en julio de 2015, y que tanto Rodríguez como Gallego compatibilizaban sus puestos en la Diputación con un ayuntamiento de 36.000 habitantes: “Sólo nos faltaba saber qué contratos se hacían en Divalterra”, ha declarado Gallego, quien a la salida de los juzgados ha dejado un mensaje en clave interna: “Algunos y alguna aprovecharon el caso Alquería para tratar de acabar con el proyecto político de Jorge Rodríguez, pero en Ontinyent les pararon los pies”. Un mensaje “a quién corresponda”  dirigido en toda regla a los responsables del PSPV-PSOE.

Durante su comparecencia, Ricard Gallego ha respondido a todos los que han querido preguntarle, incluida la acusación particular.  En la sesión estuvo el síndic socialista en les Corts, Manolo Mata, abogado de dos imputados. El fiscal declinó formular preguntas.

"No es un asunto pacífico"

Todos los diputados y miembros del consejo de administración de Divalterra que han declarado coinciden en lo mismo: en que nunca hubo una advertencia de ilegalidad por parte de quienes deberían haberlo hecho, si es que era ilegal contratar a siete altos cargos sin proceso de selección como establece “RD 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección”.

Un catedrático de laboral, Carlos Alfonso Mellado, dejó por escrito que esas contrataciones estaban dentro de lo jurídicamente posible y el secretario de la Diputación, Vicente Boquera, no formuló objeciones. Tampoco se opusieron ni el director de los servicios jurídicos de la empresa, José Luis Vera, ni el jefe de personal, Vicente Domingo. Vera, en uno de sus informes, a lo máximo que llega es a decir que “no es un asunto pacífico”, para concluir que mantener a los altos cargos en sus puestos era “lo más prudente” en una empresa colapsada por la corrupción del “yonki del dinero” y sus "colaboradores", dos de los cuales, supuestamente, fueron quienes acabaron dinamitando desde dentro la etapa de Jorge Rodríguez  en diputación.

Los diputados de Compromís y miembros del consejo de administración que comparecieron ante el juez, Emili Altur, Josep Bort  y Xavier Rius, como meses antes lo había hecho el portavoz del PSPV-PSOE, Pablo Seguí, y la todavía vicepresidenta por Compromís, Maria Josep Amigó, alegaron que habiendo “tres filtros legales” no tenían duda de la validez de los contratos aprobados en consejo de administración. 

Quién contrató a los 7 directivos

Fue la ex cogerente, nombrada por Compromís, Agustina Brines, quien se dirigió la semana pasada al juez para hacerle saber lo errados que están el fiscal y la UDEF en muchas las apreciaciones que incorporan al sumario. Brines no tuvo inconveniente en decir que fueron ella, el otro cogerente, Josep Ramon Tíller, y el jefe de los servicios jurídicos, José Luis Vera -los dos colocados en sus puestos por José Manuel Orengo-, quienes se encargaron de contratar a los 7 altos directivos y que nunca recibió del director jurídico ni del jefe de personal ninguna indicación en contra, por lo que
siempre pensó (y sigue pensando) que estaba actuando acorde a la legalidad.

Brines adujo que la contratación de estos profesionales se realizó ante la situación “caótica”
que se encontraron los nuevos gestores cuando accedieron a la empresa en el verano de 2015, después de 20 años del PP y con la Guardia Civil y la fiscalía Anticorrupción removiendo cajones buscando pruebas para el caso Taula.

Había dos opciones, declaró Brines, cerrar la empresa poniendo en la calle a 700 trabajadores o intentar reflotarla con la contratación de 7 personas, una por cada área de la diputación, de manera que la empresa se convirtiera en la correa de transmisión de las políticas públicas de la
diputación, algo nada descabellado, por otra parte.  El fiscal y la UDEF sostiene que Divalterra se convirtió en un "chiringuito" de colocación. Y por ello mantiene la existencia de un posible delito de prevaricación.

La otra acusación es la supuesta malversación de caudales públicos. El fiscal considera que si los contratos eran ilegales, el dinero que se empleó para pagar a las personas contratadas se pagó indebidamente y, por tanto, se empleó de manera fraudulenta.
Además, según el fiscal, estas personas no realizaron las funciones por las que cobraban a final de mes.

En este punto, el de la supuesta malversación, la que tiene que ver con si los contratados iba o no a trabajar, todos los testigos y la misma cogerente han dejado claro que los altos cargos ejercieron sus funciones con eficacia y que, lógicamente, iban a trabajar todos los días.

De la supuesta financiación ilegal de los partidos políticos,esbozada tras la detención de Rodríguez y el resto de acusados, no ha vuelto a hablar. 

"El desastre vino después"

José Manuel Orengo, fue la persona de confianza de Ximo Puig que en nombre del PSPV-PSOE, egoció, dibujó y coloreó con Compromís el gobierno de la Diputación y de Imelsa. Alega Orengo,que “el empastre vino después”, una frase que debería explicar.

Orengo eligió a 4 de los 5 altos cargos que correspondía nombrar al PSPV-PSOE en Imelsa: José Luis Vera, Josep Ramon Tíller, Voro Femenía y Manuel Carot, todos ellos vinculados al Ayuntamiento de Gandia, a su comarca o a la provincia del presidente de la Generalitat y máximo dirigente socialista, Ximo Puig. Los otros cinco altos cargos fueron propuestos por Compromís dentro del pacto de gobierno y bajo los criterios de mérito, capacidad y confianza y de acuerdo con la legislación que regula la contratación de altos cargos. 

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