Por qué el alcalde de Valencia es el político valenciano que más cobra

Diciembre es, más allá de cuestiones lúdicas, el mes de las promesas, algunas cumplidas otras olvidadas, y el de los presupuestos. Las diferentes administraciones se afanan en aprobar unos números que, nos gusten o no, tienen repercusión en nuestra vida diaria. Diciembre también es el mes de los debate inconclusos ¿Están bien pagados los políticos? ¿Son razonables  las nóminas en las diferentes administraciones? A los propios cargos públicos les incomoda sobremanera abordar una cuestión que se presta a la demagogia de ocasión.
El Consell de Ximo Puig aprobó en agosto, vía decreto y con carácter retroactivo, incrementarse el salario un 1% al igual que el resto de funcionarios. Una decisión en la línea contraria a la del gobierno de Alberto Fabra que acordó rebajarse la percepción en un 2,02% como resultado de la diferencia entre el déficit alcanzado por la Generalitat y el porcentaje autorizado en su momento por el Gobierno central.
El presidente Puig cobra 68.975 euros anuales, cantidad que no incluye variables como la antigüedad o el plus de vivienda fijado en 9.000 euros. El salario del presidente Mariano Rajoy está fijado en 79.000 euros. En ambos casos, cantidades sensiblemente inferiores al que percibía Carles Puigdemont  (145.000 euros) antes de su huida a Bruselas, el actual de Cristina Cifuentes (103.000) o  el del lehendakari Iñigo Urkullu (98.500).
A tenor de esta sencilla comparativa pudiera parecer que los políticos valencianos son de los peores
pagados de España. Así es si tenemos en cuenta al Consell. Pero todo ello cambia si la referencia son Les Corts Valencianes, el Ayuntamiento de València o las instituciones provinciales.
El Cap i Casal se antoja los ojos del deseo en el plano político sin olvidar el económico. La batalla por la alcaldía está, según las encuestas, muy abierta cuando faltan 17 meses para los comicios, y del resultado obtenido dependerá en gran medida fijar el listón del éxito o del fracaso en 2019. El interés por lo municipal, y más concretamente por las grandes ciudades, cotiza al alza en los últimos años. El protagonismo político de las alcaldesas Carmena o Colau, tras la llegada de los "gobiernos del cambio", es sensiblemente superior al de la mayoría de presidentes de comunidades autónomas. El caso de Joan Ribó en Valencia tiene otras aristas. El dirigente de Compromís, fiel a su histórica trayectoria, ha "delegado" los asuntos más comprometidos y ha renunciado a una campaña de "promoción nacional".
Nada más acceder a la alcaldía, Ribó cumplió el compromiso de rebajarse el sueldo que tenía fijado Rita Barberá. Descontada la quita del 20%, el alcalde de Valencia  recibe 82.600 euros anules (sin antigüedad) lo que le permite estar en el top ten de los cargos públicos mejor pagados y ser el primer valenciano en la clasificación liderada por el tránsfuga Puigdemont. Cifuentes y las alcaldesas de Barcelona y Madrid, que superan por poco los 100.000 euros, ocupan los otros puestos de relevancia.
Las nóminas en el Ayuntamiento de Valencia no juegan un papel disuasorio para aquellos con vocación municipalista. La primera teniente de alcalde, la socialista Sandra Gómez, al igual que la segunda teniente de alcalde María Oliver (València en Comú) reciben 79.000 euros anuales; lo mismo que Rajoy y, en teoría, casi 10.000 euros más que Puig.
El sueldo bruto de destacados concejales de la oposición como Fernando Giner (Ciudadanos) o Alfonso Novo (Partido Popular) ronda los 70.000 euros brutos . El resto de ediles liberados, en el peor de los casos, cobran 65.000 euros. O lo que es lo mismo, unos 5.000 euros más que la vicepresidenta Mónica Oltra cuya responsabilidad política es a todas luces superior a la de un edil de la capital. Pero es que además, el personal de confianza de alcaldía, e incluso de los grupos municipales, tiene una nómina similar al de la número dos del Consell.
Ribó siempre podrá esgrimir que su sueldo está por debajo del tope que marca el Ministerio de Hacienda para una ciudad de la población de Valencia. El alcalde podría cobrar "legalmente" 90.000 euros en vez de 82.600. Entre tanto, no es de extrañar que la lista de espera en los partidos políticos para ocupar un puesto  es el salón de plenos aumente legislatura tras legislatura.
En el campo de la utopía cabrá incluir por ahora el día en el que la sociedad apruebe pagar más a algunos de sus políticos debido a su buena labor.