FGV, otro presunto caso de corrupción que los jueces le "tumban" al Botànic

Tren FGV

Tren FGV

La fiscalía ha archivado la denuncia por sobrecostes en la compra de trenes por valor de 14 millones de euros en FGV durante el periodo 2000-2007 que promovió la socialista Mª José Salvador.

Según ha podido saber ESdiarioCV, la Fiscalía de Valencia ha archivado las Diligencias de Investigación Penal comenzadas como consecuencia de la denuncia presentada el 5 de junio de 2018 por el entonces gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Juan Andrés Sánchez Jordán, por presuntos sobrecostes en la compra de trenes, tranvías y repuestos entre 2000 y 2007.

Es decir, el Botànic que quería poner "patas arriba" FGV y otras tantas empresas públicas, lo que ha hecho es "meter la pata" de nuevo. Son ya innumerables las denuncias perdidas, archivadas, sobreseídas o no admitidas a trámite de un Gobierno que empieza a ver como las visitas a los juzgados se hacen hora desde el otro lado, muchos nombres manchados que pese al archivo judicial ya han resultado mancillados irremediablemente en el imaginario colectivo.

La historia

La dirección de FGV recibió el 28 de marzo de 2018 las conclusiones de una extraordinaria auditoría realizada en la empresa a instancias de la presidenta del consejo y consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras advertir uno de sus consejeros de posibles irregularidades en la compra de unidades para las líneas de Metrovalencia y TRAM de Alicante.   Salvador habló de 

Tras las conclusiones de la auditoría, los miembros del consejo acordaron que la empresa pública realizase una investigación interna cuyas conclusiones se remitieron de forma íntegra tanto a la Fiscalía como a la Intervención para que los órganos competentes determinen la existencia de responsabilidades sobre estos expedientes, ejecutados durante la gerencia de Jorge García Bernia y Marisa Gracia en FGV, bajo el mandato del PP en la Generalitat Valenciana.

Los expedientes llevaban la firma de la auditora interna de la empresa pública Ángela Monleón. Las desviaciones económicas se decía que superaban en algunos casos el 300%, se hablaba de fraccionamientos de contratos,  incumplimiento en los plazos para servir el material móvil o modificaciones de cláusulas a posteriori en los pliegos de condiciones administrativas.

También se denunciaban adjudicaciones a ofertas varios millones más caras con el argumento de que el plazo de entrega era menor y sobrecostes por un valor de alrededor de 14 millones de euros entre los años 2000 y 2007.

 

El documento  cuestiona también la compra en el año 2007 de 42 trenes (22 de cuatro vagones, más 20 coches remolques intermedios) por un valor de 186 millones de euros, puesto que el objeto del contrato de la compra de los trenes era cubrir la prolongación de la línea 1, que no se había licitado.

Pues bien, la Fiscalía no aprecia "indicios constitutivos de delito" tras la exhaustiva investigación de 11 documentos y 6 informes de auditoría, por lo que procede al archivo del expediente. Los supuestos penales denunciados no eran causa baladí: prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por supuestos sobrecostes. El "escándalo" de los 14 millones de euros, denunciado por Salvador, ha quedado en nada.

La gestión de la actual vicepresidenta de Les Corts Valencianes en FGV no contentó al presidente Ximo Puig que decidió en esta legislatura apartarla del Consell y colocar como conseller en Infraestructuras y Vivienda, y por lo tanto en FGV, al que había sido su jefe de gabinete en el Botànic I, Arcadi España. La semana pasada se dió a conocer el tercer cambio como gerente en la empresa pública en los cuatro años y medio del Gobierno Puig.

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