Procesada un cargo de Podemos: Enchufismo y gastos en comidas sin acreditar

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha procesado a la exconcejala de Educación en el Ayuntamiento de València María Oliver. La denuncia fue presentada por el asesor del PP en el consistorio Luis Salom sobre un convenio suscrito entre el ayuntamiento y la Universitat de València para estudiar el sistema educativo en la capital valenciana.  Oliver es asesora del vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, también de Podemos, tras fracasar su candidatura a la alcaldía de Valencia en las pasadas elecciones de mayo.

Salom indicó en su denuncia que la dirección del equipo para la realización del estudio sobre el sistema educativo en València se encomendó en el convenio a un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales "destacado miembros de Podemos Comunitat Valenciana".

Ahora, el titular del Juzgado aprecia la existencia de "ciertos indicios que pueden apuntar la naturaleza jurídico penal" de "algunas de las anomalías o irregularidades" que "surgen en las diversas fases de la vida del convenio",  entre ellos el que "no hubo tal en puridad". Es más, señala que el Ayuntamiento "carecía de medios para llevarlo a cabo".

"Pertenencia al mismo Partido Político"

De hecho, el auto indica que "la competencia municipal es cuestionable" en esta materia educativa. El ámbito de la Educación Secundaria, que es objeto del convenio, "no aparece sustentada en las normas alegadas la competencia municipal", añade.

Asimismo, el juez destaca que un Informe de la Intervención consigna "que no se ofreció a convocatoria publica" el proyecto y que no esta decisión no cuenta con "las justificaciones necesarias". Considera que "no se ha aclarado en la documentación aportada" cuestiones como la publicidad de las subvenciones o la "aparente contradicción de optar por un convenio plurianual inicialmente prorrogable" cuando el estudio tiene un "objetivo concreto en un determinado plazo".

Asimismo, el auto admite las "coincidencias" entre el director del proyecto, la asesora de María Oliver y la concejala, como "la pertenencia al mismo Partido Político", Podemos. Destaca que los "contactos fueron directos" entre el profesor y la asesora, "con conocimiento" de Oliver. En este sentido, aprecia "una cierta premura en convenir".

Gastos de viajes y comidas

Además, el juez subraya que "se presentó un certificado del Ayuntamiento que acreditó que ciertos gastos de la lista ofrecida por la universidad no eran acreedoras de la subvención, de acuerdo con la legalidad aplicable". Señala que no serían subvencionables una cámara Panasonic, un ordenador portátil, una cámara JVC, una mesa de juntas, una grabadora Olimpus y una tablet, por importe total de 2.504,32 euros

Asimismo, el juez aprecia que se incluyeron otros gastos "cuya vinculación y necesidad con el objeto del convenio no resultan totalmente acreditadas". Así, entre los gastos hay facturas por restauración, de locomoción, de participación en congresos, gratificaciones y expensas a ponentes en conferencias "más o menos vinculadas con el objeto estricto del convenio".

Por otro lado, el juez destaca la "poca concreción" de la Memoria Económica presentada al ser exigida por los informes de Intervención. Estima que esta memoria se presentó "sin explicación de los detalles o justificación de las previsiones de cada capítulo, y que consecuentemente se incumplió posteriormente".

Los becarios tenían una labor "relevante"

En cuanto a la ejecución del convenio, el juez destaca que se implicaron recursos diferentes a los naturalmente comprendidos por el Convenio. Por ejemplo, destaca que "los becarios del Ayuntamiento desempeñaron una relevante labor". Además, indica que "parte sustancial del trabajo de campo que el convenio entendía directamente realizable por el personal de la Universidad fue subcontratado sin que obre base que autorice o legitime esa subcontratación".

El juez ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado al que ha tenido acceso Europa Press contra Oliver y el profesor de la Universitat de València director del proyecto objeto del convenio. En él, no se realiza designación de los posibles delitos cometidos.