El "conseguidor" de los ERE se desmarca de su papel y asegura que sólo asesoró

La actividad judicial continúa para esclarecer las numerosas piezas en las que se dividen la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos de la Junta de Andalucía. Millones de euros se desviaron sin control desde el Gobierno socialista y el último caso que se juzga en la Audiencia de Sevilla corresponde a las ayudas por unos 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica.

Entre los que se sientan en el banquillo de los acusados se encuentra el exsindicalista de UGT y presunto "conseguidor" de fondos públicos, Juan Lanzas, que en su declaración este lunes ha negado ante el tribunal que él buscase financiación pública para sufragar los despidos o participase en la negociación de los mismos.

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Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con el letrado Carlos Leal, acusado en este juicio, "para iniciar la tramitación" de un ERE y además con el propio Lanzas, "como persona que pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas".

Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Juan Lanzas contactó con el entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; y con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, facilitando a este último datos de "los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción"; tras lo cual la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.

Se incluyen hasta dos "intrusos"

A partir de ahí, según el Ministerio Público, Rivas, "con el conocimiento y consentimiento" de Guerrero, "instó" a los dos extrabajadores de Vitalia procesados en este caso a introducir como beneficiarias a dos personas que "no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas", tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, "con el conocimiento y consentimiento" del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández y de su viceconsejero Agustín Barberá, -ambos también acusados en el juicio, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 extrabajadores de Surcolor.

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Para el Ministerio público, los encausados "conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna".

En este marco, y ante las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Lanzas ha expuesto que fue el abogado Carlos Leal, también acusado en este juicio, quien contactó con él en nombre del estudio jurídico Villasís, y le contrató en materia de "asesoramiento" a la hora de "buscar clientes", en alusión a empresas.

Lanzas como intermediario

Lanzas ha asegurado que él no conocía a los responsables de Surcolor o Surcolor Óptica, manifestando que uno de ellos, el acusado Manuel Rafael Castilla Bustamante, entró en contacto con él y le planteó la necesidad de "renovar" la plantilla por la elevada edad media de la misma, extremo que colisionaba con la introducción de las nuevas tecnologías.

Así pues, según sus palabras, él puso "en contacto" a tales empresarios con el gabinete Villasís, asegurando que él no participó en la negociación del ERE de Surcolor ni solicitó o gestionó la consecución de fondos públicos para sufragar los despidos, negando así que abordase tales extremos con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, que entonces encabezaba Francisco Javier Guerrero.

Del mismo modo, Lanzas ha negado que se reuniese con Antonio Rivas para tratar aspectos de este ERE y ha dicho que ni siquiera supo que el despido colectivo fue sufragado con fondos de la Junta de Andalucía concedidos por la Dirección General de Trabajo. También ha descartado que tuviese conocimiento alguno de que en el procedimiento fueron incluidos como beneficiarios dos hombres que jamás habían trabajado para Surcolor, los dos "intrusos" que cobraron de este ERE sin pertenecer a la plantilla. Y es que según ha precisado, él no vio "el expediente" documental del ERE, con lo que ha negado toda relación con las citadas dos personas.