A UGT se le complica el juicio: pagó sobresueldos y viajes a Costa Rica y Dublín

Cada caso que llega a los tribunales relacionados con el caso ERE, la Faffe o ahora la investigación de la antigua cúpula de UGT Andalucía, deja pruebas que los fondos públicos que debían ayudar a los andaluces acabaron en gastos en fiestas, drogas y sobresueldos, entre otros. Unas veces por la corrupción instalada en la propia administración autonómica bajo los gobiernos del PSOE y otras en los organismos y empresas 'satélites'.

En el juicio que se celebra esta semana en la Audiencia de Sevilla se sientan en el banquillo como investigados el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

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Durante la segunda sesión del juicio ha comparecido el comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de la investigación, que ha expuesto cómo mediante una sociedad instrumental del sindicato, fueron acometidos "anticipos y pagos mensuales" a diversos cargos de UGT-A e incluso fue sufragado un viaje del que fue exsecretario Manuel Pastrana a Costa Rica.

El desvío de fondos

Durante esta segunda sesión del juicio ha comparecido como testigo este comandante de la UCO, por el cual se han sentado en el banquillo de los acusados a Fernández Sevilla; acompañado del que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

El ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla a su llegada al juicio.

Según el Juzgado de Instrucción número nueve, encargado de investigar el asunto, entre 2009 y 2013, mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado". Es decir UGT conseguía facturas falsas para sus gastos y defraudó, según el juzgado, la cantidad de 40.750.047 euros.

Otras compras de UGT: Maletines, abanicos y camisetas

Ahondando en las indagaciones que partieron a raíz del caso ERE, según este comandante, los investigadores de la UCO detectaron que UGT-A contaba con un "depósito financiero" que la propia organización denominaba como "bote" y que se nutría de las diferencias o excedentes a su favor fruto de la facturación de las empresas proveedoras con las cuales contrataba servicios, con cargo a las subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía.

La base de la investigación, según sus palabras, fue la documentación y materiales intervenidos en la sede de UGT y demás registros acometidos, así como el disco duro sobre su contabilidad depositado por UGT-A en una Fiscalía y las comparecencias de personas pertenecientes al ámbito del sindicato.

Este comandante de la UCO ha pormenorizado además que con cargo al citado "bote" habrían sido pagados "banderas, camisetas, abanicos tipo Pay Pay", más de 2.000 maletines para una convención y otro tipo de "gastos de la actividad sindical" de UGT-A. Incluso pesaría la contratación a la empresa de mobiliario de oficina Chavsa de una obra en Huelva por valor de casi 1,2 millones de euros.

Soralpe, la sociedad que usó UGT

También ha profundizado en el papel de la empresa Soralpe, manifestando que se trataría de una sociedad instrumental de UGT Andalucía, porque "su única actividad es para UGT", carecía "ingresos diferentes" a los vinculados con el sindicato y Enrique Goicoechea, administrador único de la entidad, sería además miembro de UGT.

Mediante Soralpe, según ha precisado este investigador a preguntas del fiscal, habrían sido pagadas "determinadas cantidades" de entre 900 y 3.000 euros con carácter "mensual" o "anticipos" a responsables de UGT Andalucía como Pepa Castillejo o Dionisio Valverde, figurando además con cargo a esta entidad un "viaje a Dublín" (Irlanda) de la responsable de UGT Andalucía María Navarro o un Viaje de Manuel Pastrana a Costa Rica. Ello, sin que según sus palabras consten devoluciones de los beneficiarios de las cantidades.

Es más, este mando de la Guardia Civil ha detallado que Soralpe habría servido para cosechar dinero de "alquileres ficticios", pues la empresa contaba "en usufructo" con las sedes de UGT-A y alquilaba las aulas a IFE, la fundación de formación de UGT Confederal, para las tareas de formación.