Las puñetas en almoneda

Un país en el que los políticos sometan a los jueces (y por extensión a la Fiscalía) no puede ser considerado sino tercermundista en el peor sentido despreciativo del término. Todo lo que no sea y cumpla con la separación de poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial,) es dictadura en pura semejanza a absolutismos del pasado o, mandatarios correajes del presente impuestos por la fuerza de las armas en ignominiosos golpes a gobiernos democráticos.

Montesquieu lo dejó diáfano: los políticos dictan las leyes, tras su discusión en los parlamentos democráticos, y los jueces las aplican. En consecuencia, para mantener el equilibrio necesario y justo ante el pueblo, ninguno de los poderes debe ingerirse en el otro, y mucho menos faltarle al respeto vejándolo ante los ciudadanos, quienes en buena lógica contemplativa pensarán que ellos también pueden hacerle un corte de mangas desde el banquillo al tribunal que los califica.

Llamarles “franquistas” a los togados con puñetas (encajes de ganchillo que llevan – jueces, fiscales o letrados de la Administración de Justicia – en la bocamanga), además de vocablo rancio, superado, faltón y equivoco histórico, no deja de ser una ausencia de imaginación y cultura oratoria, o burrería parlamentaria propia de indocumentados/as que lo incluyen en el grupo semántico de las palabras malsonantes y en las más vulgares hipérboles despectivas.

Pero llamarles “prevaricadores” es muy fuerte e irresponsable. Con toda seguridad lanzar un boomerang insultante a los juzgados y demás tribunales del poder judicial para que te lo devuelvan mismamente aumentado buscándote el encierro o el destierro por sentencia firme, no deja de ser una fantasmada teatral de martirologio sin daño alguno para los ¿intocables! independentistas. Saben, y por ello se atreven, que el Gobierno de Sánchez, si bien los condenaran a cadena perpetua, los indultaría (otro sí) al día siguiente del fallo, pasándose cualquier veredicto jurídicamente argumentado, por la pernera de sus pantalones de pitillo. Al fin y al cabo, lo único que le importa a nuestro presidente es mantenerse, cueste lo que cueste, haya o no justicia constitucional de igualdad para y entre todos los españoles, en el sillón de mando de La Moncloa, al menos hasta conseguir su sueño dorado: la Presidencia del Gobierno Europeo. Toma Carlomagno y dos cucharadas más.

Y ya, el tontarra Puigdemont con sus habituales excesos seborreicos, califica a estos magistrados, y se supone que, por extensión a muchos otros jurisconsultos, ni más ni menos que de “golpistas”; debe olvidarse de cuando él mismo lo intentó en 2017 incendiando Barcelona y sublevándose contra el Gobierno de España, con el resultado de un muerto, varios heridos, y, demostrando su gallardía habitual acabó escapándose, como reptil en peligro, para seguir dando por saco desde Bruselas.

Los jueces, incluso con nombres y apellidos (García-Castellón y Aguirre) para más Inri público, ahora resulta que son unos fachas, mindundis iletrados que no pasaron por una dura oposición y sus códigos forzosamente nemotécnicos, sobre todo en aquellos años en que superaron los exámenes, y después el forzoso meritoriaje exigido para llegar a altos puestos de responsabilidad judicial como los que hoy ocupan.

La cosa pinta muy fea, y los españoles no nos merecemos otro escarmiento histórico de algún vesánico “caudillo” o junta cívico-militar, que nos arrebate nuestro sistema constitucional (por muy corto que fuera el periodo alegado), recuerden en nuestro triste pasado a carlistas e isabelinos, Primo de Rivera, Sanjurjo o el ya mentado Francisco Franco, por citar unos pocos, con la artera e y abominable argumentación de que hay que poner orden para salvar a la patria de quienes la repudian e intentan dinamitar el mapa poniendo sus privativas e independentistas fronteras entre autonomías, se supone que también atribuyéndose territorios ajenos.

Conste que a nuestra Comunidad Valenciana semejante temeridad no le vendría tan mal: nosotros seguiríamos en la Comunidad Europea, ellos no podrían quedarse tras el lógico veto de Madrid. El puerto de Valencia y por extensión los de Alicante y Castellón ganarían muchísimo cabotaje en detrimento de Barcelona. La agricultura (cantidad/precio) de Valencia y Murcia, extendiéndose también a Almería, barrerían las exportaciones de Lleida, Girona, El Maresme... Las prospecciones en nuevas know-how, informática y modernización industrial vendrían aquí dada la calidad de vida, el conglomerado universitario, centros tecnológicos punta, y nuestra situación en el Mediterráneo. Los incipientes intentos de hermandad lingüística e histórica con Catalunya se mudarían en pura animadversión a la estelada cuatribarrada. E incluso se potenciarían vías de comunicación alternativas hacia los Pirineos con el consiguiente escamoteo y perjuicio para las arcas catalanas. Y lo que es peor, la pregunta del millón (habitantes) nos: ¿qué va a pasar con esa mayoría de nuestros vecinos del norte, naturales y residentes que se sienten tan españoles como catalanes? Quienes conservamos familia y amigos allí, intuimos, a no tardar, una rebelión popular, y quién sabe si violenta, de sensu contrario a los independentistas.

El gran pintor simbolista catalán Santiago Rusiñol Prat dijo que “Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón”. Excelente frase para aplicársela a los socios soberanistas de Pedro Sánchez, porque su razón es la escisión de España, no la igualitaria justicia distributiva para el resto.