Torró tras el archivo de la Púnica: "Se acabaron 7 años de acoso y falsedades"

El exalcalde de Gandía Arturo Torró (PP) se ha pronunciado en un comunicado tras la decisión de la Audiencia Nacional en la que se acuerda el sobreseimiento provisional de la investigación por la denominada Operación Púnica para el propio Torró, al que se investigaba por la presunta contratación irregular de trabajos de reputación online, el exvicesecretario de Organización del PP en esa localidad, Dionisio Oller, y el ex secretario general, Víctor Soler.

La investigación dirigida por el juez García Castellón se centraba en la supuesta participación de todos ellos, de forma concertada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en esta causa, en trabajos dirigidos al presunto favorecimiento de la reputación del exalcalde de Gandía a través de las empresas EICO Online Reputation Management.

En el escrito, Torró ha agradecido a la Justicia el archivo de la causa tras siete años de “falsedades y acoso al adversario”, ya que defiende que nunca hubo nada ilegal ni irregular, y por ello reconoce al juez García Castellón “su mano seria y firme, sin titubeos y pérdidas de tiempo”.

A título personal ha querido recordar que abandonó la política por este caso y que sigue siendo el único alcalde en la historia democrática de Gandía que ganó por mayoría absoluta, apartándose finalmente él mismo de la alcaldía para defenderse de “todas las acusaciones infundadas, dejando mi pasión, que era Gandía”.

También se ha mostrado gratificado con todos aquellos que confiaron en él y ha aprovechado para perdonar a sus adversarios sus excesivas salidas de tono, “en muchos casos impropias de políticos democráticos”. 

Ningún indicio de fraude

El magistrado señala que las diligencias practicadas hasta el momento permiten cuestionar la tipicidad de los hechos imputados a los investigados respecto a la presunta contratación fraudulenta de las empresas de Alejandro de Pedro. De este modo, explica que no se ha acreditado la falta de prestación por las empresas de De Pedro de los servicios contratados y pagados por el Ayuntamiento de Gandía, así como que Sergio Muñoz pagara importe alguno al aquel.

"De la documentación se desprende, igualmente, que el Ayuntamiento de Gandía no llegó a abonar cantidad alguna a MADIVA, empresa respecto de la cual las facturas que se giraron fueron devueltas y no satisfechas por el Consistorio Municipal", indica.

Por otra parte, argumenta el juez, que los contratos se licitaran como "contratos menores" puede resultar una cuestión de índole administrativa, pero no puede ser fundamento para una imputación penal.

En definitiva, apunta, los indicios aportados no permiten determinar, de manera inequívoca, la existencia de los presupuestos objetivos ni subjetivos de los tipos penales referidos y con ellos la intención de los investigados con su proceder, según las máximas de la experiencia. "Los indicios acumulados no trascienden, a entender de este magistrado, de la mera suposición", recalca. Así pues, de las actuaciones practicadas, continúa el instructor, hasta el momento no se desprende indicio alguno de fraude.