El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, declaró este miércoles en el juzgado de instrucción número 6 Móstoles como investigado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación.
En una comparecencia que se extendió durante cerca de una hora, Ramos tuvo que explicarse ante la magistrada Carolina García Durrif por las supuestas irregularidades cometidas en un concurso público convocado por la institución de la que es rector.
La titular del Juzgado, García Durrif, admitió a trámite una querella presentada por Jorge Urosa Sánchez y Antonio Jesús Mateo Sanz, ambos exdirectores del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) de dicha Universidad, tras detectar defectos graves en el pliego de condiciones del concurso público que se convocó para asignar un proyecto de investigación interna. Ambos querellantes fueron cesados de manera fulminante al concluir las pesquisas.
El juzgado solicitó a la Universidad que aportase el expediente completo del contrato bajo sospecha -suscrito con el despacho de abogados Baker and Mackenzie para la auditoría de las cuentas del centro-, el dictamen emitido por el despacho de abogados contratado, así como el registro de entrada de este último.
Además, y al no quedar claro qué personas participaron en los hechos bajo sospecha ni "la naturaleza y circunstancias de tales hechos", la juez instructora tomó declaración a Ramos en el marco de las diligencias previas en curso.
Tras su comparecencia, Ramos ha quedado a la espera de que se le comunique, en los próximos días, si se inicia contra él procedimiento, ya como imputado, por los delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación, de los que le acusan sus excolegas Urosa Sánchez y Mateo Sanz.
Caso Cifuentes
La polémica suscitada en la URJC a raíz del caso máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, del que ésta resultó absuelta provocó, según Ramos, que la Universidad encargase una auditoría de actividades y cuentas en diversos entes, entre ellos el Centro de Formación Permanente, donde se detectaron las presunta anomalías que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.
El actual rector de la URJC, que se presenta a la reelección de su cargo en los próximos días, reconoció que algunas decisiones de su equipo de Gobierno recibieron varias "quejas" sobre algunos de los cursos ofrecidos por la institución, a través de acuerdos de colaboración con otras entidades académicas y escuelas, y distinguidos con el logotipo de la Universidad madrileña. Que, a cambio, recibía contraprestaciones económicas como sello de garantía del contenido de dichos módulos formativos.
