Iglesias y Montero exigen cárcel para el hombre que protestó frente a su chalet

Lo que contra el PP era "jarabe democrático", los escraches de los militantes podemitas contra dirigentes populares, es cárcel para las protestas que otros ciudadanos han realizado frente al chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar.

Pablo Iglesias e Irene Montero han pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba que envíe a juicio a Miguel Ángel Frontera, quien estuvo "a diario" frente a su casa en Galapagar "profiriendo improperios". Y han exigido para él una pena de un año y seis meses de cárcel por delitos de acoso y descubrimiento de secretos.

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En un escrito de 14 de septiembre, Iglesias y Montero han solicitado también una multa de un total de 9.000 euros por los delitos de coacciones continuadas e injurias graves contra las instituciones del Estado.

La pareja ha requerido, a su vez, que se abra pieza separada de responsabilidad civil para que Frontera preste fianza de 20.000 euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes y, subsidiariamente se reclamen al Estado".

Iglesias presentó en julio de 2020 una querella contra Miguel Ángel Frontera por presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El exvicepresidente alegó que el acusado, "a diario" desde el 15 de mayo, estuvo "hostigando y profiriendo improperios como llamarle garrapata o términos de índole similar", lo que le producía una "grave alteración" de su vida cotidiana y de la de su familia. En el marco de las investigaciones, el pasado diciembre el juez acordó una orden de alejamiento de 500 metros sobre el acusado.