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Los magistrados del TC alertan por la "impunidad" ante la corrupción en España

La anulación de la sentencia del 'caso ERE' a los dirigentes del PSOE supone un mazazo para el Estado de Derecho y las leyes europeas contra la corrupción, según denuncian cuatro magistrados

Juicio del caso ERE con Chaves y Griñán y resto acusados en sala.

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"Un daño institucional difícilmente reparable". Este es sólo un extracto de la alarmante opinión que han vertido este miércoles los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que se han opuesto a anular la condena de la exministra socialista y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez por el 'caso ERE'.

Los magistrados han expuesto los riesgos que supone para el Estado de Derecho español y para las exigencias del Tribunal de Justicia europeo en la lucha contra la corrupción esta decisión insólita del TC que, por primera vez desde entró en funcionamiento, rectifica al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción objetiva de la conducta delictiva. "Supone invalidar lo sentenciado" sobre la que-a su juicio- ha sido la "causa de corrupción más importante de la historia reciente de España", al tiempo que advierten de que genera un "riesgo sistémico de impunidad".

De este modo se recoge en el informe del TC en relación al voto particular del magistrado César Tolosa, al que se han adherido los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, contra la sentencia del TC que ordena a la Audiencia de Sevilla rebajar a Álvarez los nueve años de inhabilitación a los que fue condenada por un delito de prevaricación en esta causa.

Suplanta al Supremo

Para los cuatro magistrados, la sentencia de sus compañeros ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley.

Llama la atención sobre que no se dedique ni una línea a recoger la, según él, impecable argumentación desarrollada en la sentencia del Tribunal Supremo por la que considera que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación.

El Gobierno por encima de la ley

Bajo su punto de vista, la sentencia que dicta el TC consagra un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, ajeno a la Constitución, y sitúa a los miembros del Gobierno por encima de la ley, lo que derrumba -en su opinión- los propios fundamentos del Estado de Derecho e incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción, así como las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al generar un riesgo sistémico de impunidad, alerta.

Entiende que la sentencia de la mayoría cae en una argumentación ilógica y extravagante, al confundir una consejera con el Gobierno, apelar a las funciones del Gobierno para exonerar de responsabilidad penal a sus miembros por los delitos cometidos y reconocer a los miembros de gobierno impunidad contra lo dispuesto en la Constitución.

Por último, el voto del magistrado Tolosa sostiene que la sentencia debilita los fundamentos del Estado de Derecho, introduce causas de irresponsabilidad no previstas en la Ley, incurre en un exceso de jurisdicción que socava la posición institucional que la Constitución reconoce al Tribunal Supremo, debilita la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros y supone un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España frente a la corrupción.

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