Los gerentes del SAS contratacan y reclaman fianzas individuales a los 30 diputados del PSOE-A

El grupo socialista en el Parlamento andaluz decidió acudir a los tribunales para denunciar las presuntas irregularidades por las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitados por el procedimiento de emergencia de la pandemia entre 2021 y 2024. El Jugado de instrucción número 13 de Sevilla admitió a trámite la denuncia y citó como investigados a la directora gerente del SAS, Valle García, y sus dos antecesores Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Pero el caso va avanzando y de momento no favorece a los socialistas que lidera el secretario general Juan Espadas, al que se le tuerce la estrategia para desgastar al Gobierno andaluz de Juanma Moreno en los tribunales.

Esta semana se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas, que ha informado que no aprecia "ninguna irregularidad", y tras él ha llegado la acción de los tres gerentes de SAS que, a través de sus letrados, han solicitado al juzgado el "archivo" de la causa. Pero además, piden medidas para los socialistas de manera individual, del mismo modo que ellos firmaron de manera particular la denuncia respaldada por los 30 diputados autonómicos. Concretamente, la defensa de los gerentes del SAS ha solicitado que imponga una fianza por importe de 15.000 euros a cada uno de los 30 diputados del Grupo Socialista que suscribieron dicha denuncia.

El escenario cada vez es menos favorable para los socialistas andaluces a los que les puede salir caro su ataque judicial. De momento solicitan que dicha fianza la entreguen en el plazo de cinco días.

Además, sobre el caso cabe recordar que el PSOE-A ha contratado al despacho de abogados en el que trabaja la hija de Juan Espadas para defender la denuncia, lo que desató fuertes críticas del PP y de la Junta.

Así se produjeron las contrataciones de emergencia

En este escrito la defensa hace referencia al Real Decreto 7/2020 de 12 de marzo aprobado por el Gobierno de la Nación ante la pandemia, para que Administración General del Estado, sus organismos públicos y entidades de Derecho público tramitaran de emergencia, al amparo del 120 de la LCSP --Ley de Contratos del Sector Público--, cualquier tipo de medida directa o indirecta para hacer frente al Covid-19".

En el ámbito andaluz, la representación de los gerentes del SAS denunciados recuerda que la Junta de Andalucía aprobó el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (Covid-19), en el que se determinaba "la tramitación de emergencia para cualquier tipo de contratación que precisen los órganos de contratación de Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales y consorcios adscritos para la ejecución de cualquier medida para hacer frente al Covid-19".

Según explica el escrito, "esta habilitación autonómica de tramitación de emergencia se prolongó hasta la promulgación del Decreto Ley 1/2022 de 15 de marzo (...)", una situación que se extendió en el tiempo durante más de un año, hasta que el 4 de julio de 2023 el Consejo de Ministros declaró el fin de la emergencia sanitaria".

Hubo un control financiero permanente

El escrito pretende tumbar la acusación de que no hubo control financiero de esos contratos de emergencia. Ocurrió todo lo contrario según los gerentes. "En todo caso, lo correcto sería afirmar que se pasó de la nada al control financiero permanente en materia de fiscalización del gasto en la contratación de emergencia".

Además señalan que "no consta que la Intervención General de la Junta de Andalucía haya apreciado algún inconveniente en la modalidad del control financiero permanente de los gastos correspondientes a los expedientes de contratación del SAS tramitados de emergencia".

Argumentan que "toda" la tramitación que se investiga "contó con fundadas resoluciones que la justificaba legalmente y dotaba del debido presupuesto, sin que las contrataciones dejaran en ningún momento de estar sometidas al debido control en su ejecución ni supusieran una injusta merma para el erario".

Distorsión deliberada de la realidad

De igual modo, se apunta que "es una distorsión deliberada de la realidad (...) que en la ampliación de la querella (...) se señalen los documentos denominados 'adendas' suscritas en el año 2024 como nuevas contrataciones de emergencia, o prórrogas de algún contrato, o que dichos documentos supongan una ampliación del valor estimado del gasto global del acuerdo de emergencias y sus prórrogas".

Así, se apunta que "todas las denominadas 'adendas' traen causa única y directamente del pago debido por obligaciones con los proveedores de las contrataciones tramitadas de emergencia contraídas previamente a enero y julio de 2024, y nunca con posterioridad al 17 de mayo de 2023, fecha final establecida en la resolución de 31 de diciembre de 2022 del director gerente del SAS (...) y previa constancia de los certificados de conformidad por el órgano competente de que los servicios fueron efectivamente prestados en cada caso acorde al contrato".