El PP de Moreno maniobra para evitar la impunidad de la corrupción del caso ERE
Los 'populares' quieren que la justicia europea impida que las sentencias exculpatorias del Tribunal Constitucional se apliquen y dejen 'impunes' a una decena de exdirigentes del PSOE en Andalucía.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el Congreso Federal del PSOE en Sevilla.
El PP andaluz ha decidido pasar a la acción para impedir que se apliquen las sentencias que fueron emitida por el Tribunal Constitucional que anulan las condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Para ello ha elevado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla un escrito, en el que pide plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que intervenga.
Los 'populares' de Juanma Moreno alertan de que se está generando "impunidad en la lucha contra la corrupción" y en su escrito planteas nuevos aspectos respecto a las alegaciones ya formuladas por el partido a la petición de Manos Limpias en la misma línea, para que la Audiencia plantee ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una "cuestión prejudicial interpretativa" sobre si las sentencias del Constitucional sobre el asunto son "compatibles" con el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que declara que los estados miembro "combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión".
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Los beneficiados por el Constitucional
Esta nueva estrategia judicial se produce después de que el Tribunal Constitucional, con una mayoría de siete magistrados a favor y cuatro en contra, admitiese parcialmente los recursos de amparo de diez de los ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por dicha instancia provincial por prevaricación y en otros casos también por malversación, en el procedimiento específico de financiación autonómica de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.
Cabe recordar que el TC anuló la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Supremo, con relación a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía Magdalena Álvarez, el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo o el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
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Tras anular dichas condenas, el Constitucional ordenaba a la Audiencia la emisión de nuevas sentencias, teniendo en consideración los fundamentos jurídicos incorporados por el tribunal al asunto.
A grandes rasgos, el TC ha declarado que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en su sentencia inicial condenatoria y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían "incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española".
El Constitucional 'choca' con las leyes europeas
En este contexto, y en el de la citada petición de Manos Limpias de plantear la mencionada consulta ante el TJUE, el PP expone en su reciente escrito que el asunto "tiene la singularidad de que las normas nacionales cuya conformidad a Derecho de la Unión se cuestionan lo son en cuanto han sido interpretadas y aplicadas por el Constitucional y por el significado y alcance que el tribunal ha dado a esas normas nacionales".
Por eso, el PP-A plantea estas "cuestiones prejudiciales" en demanda de "instar que se inapliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio (del TC), conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluían la tipificación penal de dichas conductas"; avisando de que tales sentencias "generan impunidad en la lucha contra la corrupción".
Estas sentencias, según el PP, declaran "de facto irresponsables" a los exdirigentes socialistas "y extienden sobre ellos un privilegio de inviolabilidad e inmunidad"; ocasionando "seguramente el archivo de parte de piezas separadas que se encuentran pendientes de enjuiciamiento".
En concreto, el PP andaluz plantea si los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea "deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa o a una práctica nacional según la cual las resoluciones del tribunal constitucional nacional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios, si el Derecho nacional no garantiza la independencia de dicho tribunal constitucional, en particular respecto de los poderes legislativo y ejecutivo, tal como exigen esas disposiciones".