Martínez de Irujo se escurre de la gestión de la finca con pozos no autorizados cerca de Doñana

El nieto mayor de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, ha comparecido como investigado ante el Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por un presunto delito contra el medio ambiente. La causa por la que el aristócrata ha tenido que sentarse en el banquillo hace referencia la existencia de nueve pozos no autorizados en la finca Aljóbar, gestionada por la empresa Eurotecnia Agraria de la que es representante legal, y situados en la localidad sevillana de Aznalcázar, en el entorno de Doñana.

En su declaración de este jueves, Martínez de Irujo no ha accedido a responder preguntas de la abogada de Ecologistas en Acción, mientras que la Fiscalía no habría estado presente. Sólo contestó al juez instructor, alegando que en 2016 heredó la finca de su abuela, Cayetana Fitz-James Stuart, justo cuando estaba finalizando la construcción de la gran balsa de agua con la que cuenta este espacio y que aunque figure como representante legal de la empresa que explota los terrenos, no se encarga de la gestión directa de la finca.

Según fuentes judiciales, el duque de Aliaga habría reconocido que la finca carecía de medidores volumétricos del agua usada, aunque ha manifestado que desconocía que hubiese incidencias con la gestión del agua. Fue a raíz de la denuncia de la CHG de 2023, según habría indicado, cuando comenzó la labor de regulación de los mencionados pozos, al no ser consciente antes de la situación.

La extracción de agua ilegal cerca de Doñana

Un caso complicado para la Casa de Alba, ya que, según el juzgado, "los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente" en relación con la existencia de nueve pozos "no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la finca Aljobar, que fueron precintados y, según advirtió el juez, fueron usados de nuevo sin ser legalizados.

Además, el juez detecta posibles "indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna, y exponiéndose en la pericial que una sobrexplotación del acuífero puede causar daños ambientales como el propio descenso de su nivel piezométrico o un deterioro en la calidad de sus aguas, al movilizar aguas del subsuelo o en la compactación del suelo y la salinidad de sus aguas".