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La Audiencia de Sevilla mueve ficha y pone en cuestión si el TC se ha extralimitado en el caso ERE

El último movimiento deja muchas pistas sobre la revisión de las sentencias de los máximos dirigentes de los ERE de la Audiencia de Sevilla, tras la anulación del Constitucional.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla.Joaquin Corchero

Manuela Herreros
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Hay novedades sobre la pieza principal del caso de corrupción de los ERE que está pendiente de la revisión de las sentencias de los principales implicados, entre ellos los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por parte de la Audiencia de Sevilla y como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados.

Cabe recordar que las condenas fueron emitidas por la Audiencia sevillana en 2019 y ratificadas por el Tribunal Supremo en 2022, pero la intervención del TC aceptando los recursos de los implicados dio un giro al caso. Ahora la Audiencia mueve ficha antes de tener que pronunciarse y ha abierto un plazo para que las partes del procedimiento se pronuncien sobre si el TC "se ha extralimitado" en sus resoluciones con una "interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación", si dicha doctrina "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción" y hasta pregunta por la posibilidad de no aplicar tales sentencias.

Así figura en un auto emitido este pasado martes, después de que el Tribunal Constitucional, con una mayoría de siete magistrados a favor y cuatro en contra, admitiese parcialmente los recursos de amparo de diez de los ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por dicha instancia provincial por prevaricación y en otros casos también por malversación, en el procedimiento específico de financiación autonómica de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.

Dado el caso, el TC anulaba la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla con relación a exdirigentes socialista de la Junta como los expresidentes Chaves y Griñán, la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía Magdalena Álvarez, el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo o el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

Las consideraciones del TC que vuelcan el caso ERE

Tras anular dichas condenas, el Constitucional ordenaba a la Sección Primera de la Audiencia la emisión de nuevas sentencias, teniendo en consideración los fundamentos jurídicos incorporados por el tribunal al asunto.

A grandes rasgos, el TC ha declarado que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en su sentencia inicial condenatoria y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían "incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española".

Y es que según el TC, "no cabe considerar que la participación en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley pueda ser calificada como resoluciones recaídas en asunto administrativo"; avisando de que "los jueces, que están sometidos al imperio de la ley, tienen el deber de respetarla cualquiera que sea el juicio que su contenido les merezca" y "solo cuando consideran que es inconstitucional y que de su validez depende el fallo deben plantear cuestión de inconstitucionalidad, pero fuera de este supuesto no podrán cuestionar sus determinaciones".

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