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El PP pide soluciones al Gobierno ante el desahucio de 127 vecinos de Torremolinos

La situación de casi 40 familias del barrio de El Calvario, la mayoría vulnerables, ha llegado hasta el Congreso, donde el PP pedirá información al Gobierno y que pare el inminente desahucio.

Protesta de los vecinos del Calvario que van a ser desahuciados en Torremolinos.

Protesta de los vecinos del Calvario que van a ser desahuciados en Torremolinos.

Manuela Herreros
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El Partido Popular ha decidido trasladar directamente al Gobierno el problema al que se enfrentan 127 vecinos de la zona de El Calvario, en el municipio malagueño de Torremolinos, en riesgo de desahucio, a través de una pregunta escrita a la Mesa del Congreso.

En ella, los 'populares' piden explicaciones al Ejecutivo central sobre qué medidas va adoptar para "proteger" a estas familias, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad, que tendrán que abandonar sus casas en menos de un mes.

Diputados por el PP de Málaga en el Congreso

Sebastián Hipperdinger / Europa Press
26/3/2025

Diputados por el PP de Málaga en el Congreso Sebastián Hipperdinger / Europa Press 26/3/2025Sebastián Hipperdinger / Europa Press

En el escrito, los diputados por el PP de Málaga recuerdan que la Sareb, participada por el Estado, es actual titular de unos activos en Torremolinos, en calle Rodrigo y calle Río Yeguas, que actualmente se encuentran en régimen de alquiler y que van a ser cedidos a un tercero, como parte de un proceso de ejecución hipotecaria, "lo que va a suponer que un total de 127 vecinos van a ver suspendidos de golpe su contrato de alquiler, algunos de ellos en una situación de vulnerabilidad comprometida".

Familias vulnerables se quedan sin casa en menos de un mes

Al respecto de los afectados, unas 40 familias al corriente en el pago de sus alquileres, que además están declarados ante Hacienda y la Junta de Andalucía, los servicios sociales del Ayuntamiento de Torremolinos han hecho informe de vulnerabilidad a varias de ellas y han precisado que hay tres "que tienen un miembro con discapacidad reconocida y con dependencia, dos familias numerosas, una persona con problemas de salud mental, dos familias monoparentales, tres familias de personas con avanzada edad y varias con algún miembro a la espera de ver reconocida su discapacidad".

Por ello, han preguntado sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno central "de cara a proteger a estos vecinos para que no se vean en la calle fruto del acuerdo de la Sareb con un tercero" y cuestiona al Ejecutivo sobre si puede "revertir que la Sareb ceda los activos a un tercero, antes del 22 de abril, fecha prevista para materializar este acuerdo".

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