Juanma Moreno desconcertado ante la detención del presidente de la Diputación y del PP de Almería

La detención este martes del presidente de la Diputación provincial de Almería, Javier Aureliano García, por parte de la Guardia Civil, ha supuesto un duro golpe para el Partido Popular andaluz, al ver implicados a los máximos dirigentes de esta provincia en el 'caso Mascarillas' en el que se investiga el cobro de presuntas 'mordidas' que podrían ascender a dos millones de euros.

Las primeras reacciones ya se han producido sobre la detención de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación desde 2019 y también presidente del PP de Almería, así como han arrestado al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP). Al respecto, el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha dejado claro que no tiene "ninguna información" sobre el caso, salvo la que ha conocido a través de las distintas agencias de información.

Moreno ha confirmado la detención, así como que "se está registrando la diputación" tal y como ha señalado tras su intervención en un foro en Sevilla. "Desconozco exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación", ha añadido el presidente, apuntando que estarán "muy pendientes a lo largo del día de hoy para tener información lo más exhaustiva posible". Además del desconcierto de Moreno, el presidente ha explicado que los compañeros de Almería con los que han contactado tampoco tienen "ni idea" de lo que está ocurriendo.

Por su parte, la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha garantizado la "máxima colaboración" con la Justicia tras la detención del presidente de la Diputación de Almería por presuntas contrataciones irregulares, de la cual ha reconocido que ha tenido conocimiento de la noticia en directo. España ha pedido que "se vaya hasta el final" para que "se resuelva cuanto antes" lo que se está investigando.

El Juzgado apunta a la 'cabeza' de la Diputación de Almería

Las detenciones de los responsables provinciales de Almería han sido efectuadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que instruye las diligencias.

El escándalo se extiende ahora al presidente de la Diputación y del PP de Almería, ya que tanto Gimenéz como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial, principalmente mascarillas, aunque también guantes y equipos de protección individual (EPI).

Los agentes han accedido al Palacio Provincial a primera hora de este martes, sobre las 8.00 horas, para realizar un registro exhaustivo en despachos de Presidencia y ordenadores conforme al auto judicial emitido por la instructora, María Belén López, toda vez que ha solicitado expedientes relacionados con las contrataciones. Además se prevén registros en domicilios particulares a lo largo del día.

La trama busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2.036.186 euros mediante un procedimiento de urgencia realizado en abril de 2020, ya que el coste del mismo hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros y se observan indicios de posibles 'mordidas'.

En el marco de la investigación judicial, el PSOE, como acusación, solicitó el pasado mes de octubre a la juez instructora que llamase a declarar como testigo al presidente de la Diputación al considerar que había una "falta de concordancia" entre las declaraciones ofrecidas por testigos y por investigados, con base en las investigaciones policiales.

Un caso abierto desde 2021

El caso, que hasta ahora mantiene a 14 personas y a siete empresas bajo investigación judicial, estalló en junio de 2021 cuando la UCO procedió a realizar un registro en las dependencias del Área de Fomento del ente supramunicipal, principalmente. En ese momento, el único cargo político detenido fue el exdiputado provincial Óscar Liria, al frente de esta área, de modo que fue arrestado y enviado durante varios meses a prisión preventiva.

Durante aquel registro se hizo entrega del expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica así como de otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador es Kilian L.S, también investigado por su relación con Liria así como su papel al actuar como nexo entre la Diputación y la empresa suministradora.

El contrato investigado originalmente preveía la adquisición de 500.000 mascarillas así como monos de protección y guantes de nitrilo mediante el decreto firmado el 8 de abril de 2020 por un importe superior a los dos millones de euros a través de un expediente que se instruyó a través de Presidencia. Liria fue el que dio el nombre de Azor a presidencia para realizar ese contrato.